La Cámara de Diputados de Chile examinará hoy un proyecto de reforma tributaria, considerado por sectores de la oposición política y líderes sociales como un instrumento lesivo a los intereses de las grandes mayorías. La iniciativa, defendida por el Gobierno como vía de financiamiento a la educación, entrará hoy a la Sala de la Cámara baja, tras su aprobación la víspera en la Comisión de Hacienda de ese ente legislativo.
“Espero que podamos sacar adelante la reforma tributaria, porque en este momento en que el mundo se debate en una crisis tan profunda en nuestro país estamos resistiendo porque estamos haciendo las cosas en forma seria y responsable”, dijo el lunes el presidente Sebastián Piñera.
El mandatario chileno insistió en que “la reforma tributaria apunta a recaudar mil 200 millones de dólares y destinarlos íntegramente a financiar la reforma educacional, que le va a dar educación de calidad a todos y cada uno de nuestros niños y nuestros jóvenes”.
Sin embargo, parlamentarios opositores cuestionaron abiertamente la normativa al alegar que mantiene prácticamente intocables a los grandes propietarios y a los segmentos más pudientes en Chile.
La bancada de diputados del Partido Comunista anticipó que no daría luz verde a un proyecto “trunco e insuficiente”, que no termina de resolver que las grandes empresas, las transnacionales y los multimillonarios de Chile paguen impuestos en una proporción adecuada.
A juicio del presidente de esa agrupación, Guillermo Teillier, es una clara reforma pro mercado que mantiene la inequidad económica, distributiva y social del país.
Por su parte, la líder estudiantil Camila Vallejo calificó de engañosa la propuesta y contraria a los intereses de las grandes mayorías de tener una educación pública y gratuita, y alcanzar una sociedad “sin los vergonzosos actuales índices de desigualdad”.
Vallejo impugnó que el ajuste planteado nada diga de exigir tributos especiales a la gran minería privada que controla más del 70 por ciento del cobre chileno y que en 2011 generó utilidades de 34 mil millones de dólares.
Decenas de organizaciones sociales han pedido a los congresistas rechazar la propuesta gubernamental.
Fuente: Prensa Latina
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