Venezuela rumbo al sur

Seis años, lo cual parecía imprevisible, demoró la entrada de Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur). Los cuatro presidentes de los países fundadores: Nestor Kirchner, de Argentina; Luiz Ignácio Lula da Silva, de Brasil; Nicanor Duarte, de Paraguay, y Tabaré Vázquez, de Uruguay, estamparon sus firmas junto a la de Hugo Chávez, aceptando la adhesión venezolana, el 4 de julio de 2006. En el protocolo firmado por los cinco mandatarios se acepta la solicitud hecha por Venezuela el 8 de diciembre de 2005. Las fechas que se mencionan tienen singular interés. Un mes antes, el 4 y 5 de noviembre de ese año, en Mar del Plata, Argentina, se llevó a cabo la cuarta Cumbre de Las Américas, en donde las aspiraciones de Estados Unidos para que se aprobara el Área del Libre Comercio en las Américas (Alca) se vieron frustradas.

“No nos van a patotear (presionar)”, fue la respuesta del presidente Kirchner a George W. Bush ante el intento apresurado de querer imponer la agenda del Alca en dicha cumbre. “Pero el Mercosur se plantó bien. Lula, reposado, muy firme. Néstor Dartagnan Kirchner, muy firme. Tabaré, calmo y firme. Nicanor, firme. Y bueno, ya saben cómo soy yo”, dijo Hugo Chávez una vez concluida la cumbre.

Cinco mosqueteros, como diría el presidente venezolano al referirse a la estrategia imperial. Esta fue la primera vez que el Mercosur sentaba un precedente político, aunque Estados Unidos continuó con su plan con otro formato: los tratados de libre comercio.

Un quinquenio antes, en la Cumbre de Quebec de 2001, los mandatarios expresaron que instruirían a sus ministros para que “aseguren que las negociaciones del Acuerdo Alca concluyan, a más tardar en enero de 2005, para tratar de lograr su entrada en vigencia lo antes posible, y no más allá de diciembre de 2005”, según lo expresado en el párrafo 15 de la declaración, y quedó anotado que la “delegación de Venezuela reserva su posición (…) en virtud de las consultas que se llevan a cabo entre los diversos sectores del Gobierno nacional en función de nuestra legislación interna, para dar cumplimiento a los compromisos que se derivarían de la entrada en vigor del Alca en el año 2005”.

Chávez estaba tan solo en ese concierto de naciones que la Organización de Estados Americanos (OEA) había abonado el terreno para que el Alca prosperara. Las presiones para la aprobación del Área de Libre Comercio fueron tan fuertes para Venezuela que los negociadores estadunidenses amenazaron a la delegación del país sudamericano: “si no negocian con el Alca, negociarán con Alaska”.

Al año siguiente, el presidente venezolano enfrentó un golpe de Estado que lo depuso por 48 horas y, luego, un sabotaje de hidrocarburos organizado y dirigido por la oposición que detuvo a la estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) entre diciembre de 2002 y enero de 2003, lo cual hizo perder a la nación alrededor de 20 mil millones de dólares.

Venezuela, con el golpe de Estado y sus versiones blandas –como la paralización de PDVSA–, pasó por una severa crisis económica que sólo fue superada gracias al aumento de los precios del petróleo. Desde que la economía venezolana comenzó a depender de la industria del petróleo, a principios del siglo XX, el país se convirtió en monoproductor y quedó relegado a ser un importador de bienes. Las industrias que proliferaron siempre estuvieron acompañadas del apoyo del Estado, se consolidó una “burguesía parasitaria nacional” –como dijo el economista venezolano Orlando Araujo en la década de los 70– y la imagen de una “Venezuela Saudita”.

En 2004, Chávez venció con 59 por ciento de los votos el referendo revocatorio presidencial establecido en la Constitución aprobada en 1999, y el 3 de diciembre de 2006 fue relegido con 63 por ciento de los sufragios.

Un mes antes de la relección del presidente Chávez, el Congreso uruguayo respaldó la adhesión de Venezuela al Mercosur. El Senado argentino la aprobó por unanimidad, en diciembre de ese mismo año, y la Cámara de Diputados votó 160 en favor y 12 en contra.

El Congreso brasileño se dilató tres años en aprobar el ingreso de Venezuela. Sectores de la derecha frenaron el impulso que tomó el Mercosur en 2006 con la nueva adhesión. Los tiempos que se habían propuesto para la liberación de arancel con el Estado que recién ingresaba, y que comprendía entre 2010 y 2013, con posibilidades de extenderse un año más en el caso de los productos sensibles, se cumplieron antes de que Venezuela fuera miembro pleno.

Desde 2010 existe arancel cero con Argentina, como estaba previsto en el Protocolo de Adhesión. Con Uruguay y Paraguay el libre comercio se aplicó antes del plazo estipulado. Venezuela trabajó en función de la integración a la espera de la aprobación del Congreso paraguayo.

El presidente venezolano, quien por razones de salud dejó de asistir a las recientes reuniones de mandatarios del Mercosur –el canciller Nicolás Maduro lo representaba–, manifestaba con optimismo: “Somos Mercosur”, y paradójicamente, el debate que sostuvieron los congresistas brasileños fue sobre la corriente de opinión pública que sostienen los medios de comunicación hegemónicos, esencialmente de derechas, de la supuesta amenaza antidemocrática que representaba el gobierno venezolano para el organismo regional, Chávez tenía la defensa de Lula da Silva, quien lo calificó de “ultrademocrático” y, con sorna, explicó en más de una oportunidad las constantes elecciones que se realizan en Venezuela.

El Congreso paraguayo estuvo en la misma sintonía que la derecha en el Parlamento brasileño. Con la llegada de Fernando Lugo a la presidencia de ese país, el apoyo presidencial se mantuvo, pero éste no contaba con la mayoría parlamentaria para refrendar la aprobación de la adhesión de Venezuela. Tampoco la tenía para ejecutar su plan de gobierno, el cual terminó defenestrado una vez que los diputados y senadores se pusieron de acuerdo para llevar a cabo un juicio político exprés, el 22 de junio de 2012, en el Senado.

Lugo terminó con el continuismo de 60 años en el poder del partido Colorado –de los cuales 35 fueron con el dictador Alfredo Stroessner– gracias a la alianza de partidos políticos tradicionales, de izquierda, movimientos sociales y de campesinos sin tierra. Obtuvo una diferencia de 10 puntos, pero el sistema de elección parlamentaria le dio mayoría a los partidos conservadores, ligados esencialmente a las oligarquías terrateniente y financiera, herederas de la dictadura stroessnerista.

El resultado del juicio político exprés fue evaluado por los gobiernos del Mercosur en la reunión semestral que se llevó a cabo en Mendoza, Argentina, a finales de junio, como una “ruptura del orden democrático” y tomaron la decisión de suspender a Paraguay hasta que retorne la democracia. La suspensión “apareja la limitación en la participación en los órganos, así como la pérdida de los derechos de voto y de veto”, reza el comunicado de los presidentes.

El Protocolo de Ushuaia, firmado en 1998 por los presidentes de los países fundadores, establecieron este documento debido a la inestabilidad que vivía Paraguay, así como la amenaza de interrupción del proceso democrático ocurrido en 1996, cuando el general Lino Oviedo intentó derrocar al presidente paraguayo Juan Carlos Wasmosy mediante un alzamiento militar. Este general, ahora en retiro y presidente de Unace –instituto político creado con ex acólitos del Partido Colorado–, fue una de las piezas que evitaba el ingreso de Venezuela al Mercosur y propiciaba el derrocamiento de Lugo.

La suspensión de Paraguay permitió a los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay decidir la incorporación plena la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur. Los países miembros activos, al ser refrendada por los respectivos congresos la solicitud de adhesión, subrayaron en la declaración en Mendoza que “el proceso de integración es un instrumento para promover el desarrollo integral, enfrentar la pobreza y la exclusión social, que se basa en la complementación, la solidaridad y la cooperación”, y que el ingreso venezolano se da “bajo los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio, reconocimiento de las asimetrías y del tratamiento diferenciado”.

En Paraguay, el gobierno que instaló el Parlamento después de haber perpetrado el golpe de Estado con un juicio exprés al presidente Lugo, intentó evitar judicialmente el ingreso de Venezuela y presentó una demanda ante el Tribunal Permanente de Revisión (TPR).

La demanda no prosperó porque Paraguay no agotó las vías regulares y porque invocó el Procedimiento para Atender Casos Excepcionales de Urgencia, instituido en el artículo 24 del Procolo de Olivo (PO), que es para la solución de controversias comerciales.

“La suspensión de Paraguay del derecho de participar de los órganos del Mercosur, en los términos del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia, escapa de la aplicación del PO y no puede ser examinada en el sistema de solución de controversias, pues se trata de una materia eminentemente política. Si el TPR decidiera sobre la cuestión planteada, podría invadir la esfera exclusiva de jurisdicción de los Estados Parte para interpretar lo que se debe entender por ruptura del orden democrático”, expusieron los miembros del tribunal.

Previo a esta demanda, en Paraguay las presiones contra Venezuela se tornaron más intensas para impedir su ingreso al Mercosur y, paralelamente, evitar que prosperaran las iniciativas de cooperación establecidas previamente entre Chávez y Lugo en materia energética.

En días recientes, el periodista Nikolas Kozloff reveló, en un artículo publicado en el diario The Huffington Post, los cables de la embajada estadunidense filtrados por WikiLeaks, en los que se demuestra la influencia de la diplomacia del país del norte para frenar la integración de la nación caribeña al pacto comercial de América del Sur.

Para Washington, los acuerdos de cooperación entre Caracas y Asunción que le permitían a Paraguay suplir 30 por ciento de su demanda de petróleo y a su vez exportar productos alimentarios a Venezuela, eran una estrategia de Chávez para, supuestamente, “ejercer un mayor control político sobre el Cono Sur”.

Esas suposiciones impulsaron a la Casa Blanca a alentar el espionaje “de las actividades de Venezuela en Paraguay”, como un espaldarazo adicional a los intereses de la trasnacional petrolera estadunidense Media Luna Roja, la cual estaba interesada en la explotación de los recursos energéticos del Chaco paraguayo.

En lo interno, la postura estadunidense fue sustentada por los factores de la derecha paraguaya, representada por la comunidad empresarial de Asunción, el Partido Colorado y los medios de comunicación hegemónicos que, destaca Kozloff, “no estaban muy satisfechos con la propuesta de Venezuela de asistencia en energía”.

Esos mismos actores políticos –responsables del golpe de Estado parlamentario– fueron los que, a lo largo de seis años, se negaron a avalar el ingreso del país caribeño con la excusa del “carácter antidemocrático” del gobierno del presidente Chávez. De hecho, el vicepresidente golpista de Paraguay, Federico Franco, fue quien acusó en 2010 al mandatario venezolano de adoptar una “actitud imperialista” hacia su país, por los contratos que había sellado PDVSA con Petróleos Paraguayos.

Sin embargo, la primera decisión que tomó Franco al usurpar la silla presidencial fue restablecer los contratos de la Media Luna Roja en Paraguay para la explotación del Chaco, que habían estado paralizados durante el gobierno de Lugo, porque los contratos en favor de la firma estadunidense resultaban inconstitucionales.

“Este es nuestro rumbo: el sur. Es nuestra verdadera perspectiva histórica y nuestra dimensión geográfica”, dijo Chávez a su llegada a Brasilia, donde se llevó a cabo el acto de ingreso de Venezuela al Mercosur. Ahora, el grupo de países convirtió al organismo regional en la quinta economía mundial, detrás de Estados Unidos, China, India y Japón y mayor al de Alemania, con un PIB de 397 mil millones de dólares, que corresponde al 82.3 por ciento del total de América del Sur.

El Mercosur ahora toca las aguas del Caribe y su territorio abarca casi 13 millones de kilómetros cuadrados, con más de 270 millones de habitantes: siete de cada 10 sudamericanos serán ciudadanos del Mercosur.

El presidente venezolano Rafael Caldera, antecesor de Chávez, vio con buenos ojos esta integración regional cuando éste apenas comenzaba, sólo que el país estaba sumido en una crisis bancaria y el petróleo llegó a cotizar por debajo de los 10 dólares por barril. Las condiciones políticas, sociales y económicas en Latinoamérica cambiaron en apenas una década.

Fuente: AVN