Los nueve ex militares acusados por la matanza de sacerdotes jesuitas en El Salvador en 1989 rechazan su extradición solicitada por la Audiencia Nacional de España, debido a que desconocen la jurisdicción de ese tribunal sobre el caso, reporta teleSUR. Instaron al presidente Mauricio Funes para realizar “una enérgica condena” al Gobierno de Madrid por “la clara violación” de la soberanía nacional.
“Rechazamos categóricamente las acusaciones que se nos pretenden imputar en la querella presentada en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de España, sobre hechos ocurridos durante el conflicto armado que nos tocó vivir”, señalaron los ex militares en un comunicado publicado este martes en un diario salvadoreño.
A través del documento, los militares exhortaron al presidente de El Salvador, Mauricio Funes, para realizar “una enérgica condena” al Gobierno de España por “la clara violación” de la soberanía nacional y por la “intromisión” del juez español Eloy Velasco en asuntos que “únicamente” competen a la jurisdicción salvadoreña.
Este martes, el juez décimo segundo de paz, Carlos Calderón, informó que los militares se encontraban en “resguardo voluntario”.
Asimismo, Calderón se declaró “incompetente” para ventilar el caso, que junto a las órdenes de detención anexadas a la solicitud de extradición por parte de las autoridades de España ahora pasará a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El Tribunal deberá nombrar un “juez ejecutor”, dijo.
La CSJ decidirá el futuro de los nueve ex militares, que negaron este martes haber participado en este crimen por el cual España solicita su extradición para ser juzgados en el país europeo, informó la prensa internacional.
Los nueve militares permanecen en el cuartel de San Salvador (capital).
El pasado 31 de mayo, la Audiencia Española, a través de Velazco, emitió una orden de búsqueda y captura internacional contra 20 ex militares salvadoreños, además de su prisión provisional, sin fianza, por el asesinato de ocho personas, entre ellos cuatro sacerdotes jesuitas durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992).
La Audiencia Nacional de España consideró en esta oportunidad que el juicio local que en 1992 condenó a militares salvadoreños por el asesinato de los sacerdotes jesuitas fue un fraude “que tuvo la cobertura de un proceso formal”.
Entre los uniformados que son señalados por este delito se encuentran los generales Rafael Humberto Larios (ex ministro de la Defensa), Orlando Zepeda (ex viceministro) y Rafael Bustillo (ex comandante de la aviación) quienes desconocieron la jurisdicción de los tribunales españoles en el caso que fue juzgado en 1992 por las leyes y jueces salvadoreños.
Los otros militares que están siendo solicitados por el caso son: Francisco Helena Fuentes, Mariano Amaya Grimaldi, José Ricardo Espinoza, Gonzalo Guevara, Antonio Ramiro Ávalos y Tomás Zárpate Castillo.
La noche del 16 de noviembre de 1989, militares salvadoreños irrumpieron en la Universidad Centroamericana (UCA) y asesinaron a balazos a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, rector, Ignacio Baró, vicerrector, Segundo Montes, Amando López y Juan Moreno, así como al salvadoreño Joaquín López.
Además, mataron a una empleada doméstica y a su hija de 16 años. Diez militares salvadoreños fueron condenados por los homicidios en 1991, pero una ley de amnistía para crímenes de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) los dejó en libertad en 1993.
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