Paraguay, puerta trasera de la Amazonia

Durante años Paraguay fue el país más desconocido para el resto de América Latina. Tal vez a sus vecinos Bolivia, Argentina y Brasil les llegaba el rumor de lo que ocurría tras los portones de esa interminable hacienda donde la mayoría de la población hablaba guaraní y era mantenida en esclavitud disfrazada por la élite criolla de “los colorados”, el partido de una abyecta y “digna” oligarquía local, con el dictador Stroessner a la cabeza.

Se hablaba del trasiego con la inmensa selva, para sacar madera y oro de otras regiones sin que fuera tan notorio el movimiento, del tráfico con bebés indígenas, con especies animales de exportación y con todo tipo de mercaderías lícitas e ilícitas que le abrieron una puerta trasera a la Amazonia.

Hoy Paraguay es la tercera zona de libre comercio más importante del mundo después de Miami o Hong Kong. Su tráfico fronterizo y su sector financiero le dan fama de ser “la principal economía en expansión de la región” y un cruce de caminos de insondables brechas. Las torrentadas de los ríos Paraguay y Paraná forman la segunda cuenca más importante de Sudamérica después del Amazonas. Aquí se hallan Itaipú, la hidroeléctrica en operación más grande del mundo, y la “Entidad Binacional Yaciretá”, enorme represa cuya operación inundó 100 mil hectáreas y 200 islas, desplazó a más de 40 mil personas, produjo unos 80 mil “desaparecidos económicos” [categoría que engloba a todos aquellos que perdieron sus modos de vida y subsistencia] y provocó acusaciones de gran corrupción y pésima planeación. El desplazamiento ocurre sobre todo por los monocultivos, que sin miramientos promueven la llamada Hidrovía Paraguay-Paraná, megaproyecto que consiste, como afirma la investigadora Elba Stancich, en “hacer navegables los 3 400 kilómetros de río las 24 horas, los 365 días, para ‘convoys’ o ‘trenes’ de 20 barcazas o más”, violentando (con su escala de operación y de “remodelación” del ecosistema) todas las relaciones de una vasta región para servir a su masivo modelo agroindustrial que tan sólo en lo tocante a la soya representa 42 por ciento de las exportaciones paraguayas.

La élite soyera, que opera en una región que abarca partes de Bolivia, Brasil, Argentina y Paraguay, territorio conocido como “república de la soya”, es el feudo transnacional de una burguesía finquera derechista que ha sembrado terror y soya mediante la acción violenta de guardias armadas, escuadrones de la muerte y “comisiones de seguridad ciudadana” que imponen a los pobladores sus monocultivos mecanizados, acallando la disidencia con el asesinato, la desaparición y el encarcelamiento. “A estas organizaciones”, dice Javiera Rulli en La paramilitarización del campo con la expansión de la soya (2008), “que actúan como instrumento de represión y control social en los momentos en que los conflictos agrarios se intensifican, se les acusa de realizar prácticas totalmente ilegales: desalojos, allanamientos, torturas, asesinatos, ataques a la libertad de expresión y religión, contra quienes no aceptan su orden”.

Si apenas en los noventa algunos aventureros brasileños introdujeron los primeros cultivares de soya en Paraguay, ahora la élite finquera y los descendientes “brasiguayos” de los primeros colonos tienen plantadas con soya más de 2.5 millones de hectáreas desplazando la producción de alimentos básicos como leche, arroz, maíz, papa y lenteja, destruyeron por lo menos 2 millones de hectáreas de bosque tan sólo en Paraguay, y le siguen arrebatando tierras a las comunidades. Van más de cien líderes asesinados desde 1989 y tan sólo en 2004 fueron detenidas por lo menos mil 156 personas (de una población total paraguaya de 2.3 millones). Más de cien mil personas han sido expulsadas de sus tierras.

Desde 2000, por lo menos, documenta Rulli, la introducción de la soya transgénica, ligada a la enorme industria de la carne con producción intensiva en confinamiento, produjo “un aumento vertiginoso de campesinos sin tierra debido a que esta ola de expansión ocupa sobre todo tierras campesinas, en un momento en que se agotaron las tierras públicas”. Las comunidades que viven rodeadas de monocultivos de soya son violentadas. “La práctica del ‘guardia armado’, en los latifundios que rodean a la comunidad, o los guardias del productor soyero que alquila tierras en la comunidad, conllevan la paramilitarización del campo, la corrupción de las fuerzas del orden y el acoso a los sectores organizados de las comunidades”. El modelo soyero implica también la “muerte por envenenamiento, intoxicación masiva, expulsión ‘legal’ de sus tierras, enajenación del territorio nacional, pérdida de la soberanía alimentaria y territorial”.

Con la llegada de Fernando Lugo a la presidencia, mucha gente ha confiado en un gobierno que en muchos contextos parece dispuesto a jugársela con un cambio, pero que enfrenta a una temible élite ligada a los agronegocios, a las empresas de energía, a los terratenientes, al imperio soyero, a las corporaciones alimentarias y sus cadenas de transporte y supermercados. Éstos resienten las acciones del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y Semillas (Senave) que “por primera vez en su historia, está cumpliendo cabalmente los mandatos que la normativa ambiental vigente le designan, al proceder a la destrucción de los cultivos de maíz transgénico en el departamento de Alto Paraná y al anunciar que hay todo un calendario que se hará cumplir en las zonas donde existan esos cultivos”, como afirma en un comunicado la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri). El comunicado tiene como fin la defensa del Senave y de su titular, Miguel Lovera, que han recibido amenazas y son objeto de una campaña de intimidación y difamación por parte de personajes ligados al agronegocio “porque no están acostumbrados a tratar con la justicia, salvo cuando es para sobornar o fomentar la corrupción de los funcionarios públicos, siempre en defensa de sus propios intereses”.

En ese clima de polémica en el que amplios sectores del país rechazan los transgénicos, y los gremios de terratenientes vociferan contra la prohibición de los mismos y por la intervención “exagerada” del Senave, que procedieron a destruir sembradíos de maíz transgénico, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por decisión de su titular Enzo Cardozo, resolvió abrir la experimentación con maíz transgénico por considerarlo “de interés estratégico”. Según esta fórmula, utilizada también para abrir la siembra en otros países del continente, notablemente México donde también hay una fiera resistencia a los transgénicos, son sólo “ensayos regulados”. En realidad son un contragolpe directo de la poderosa agroindustria que no se consuela con un gobierno que quisiera emprender cambios, tejer alianzas y hallar resquicios para estallar las herrumbrosas estructuras de dominación del Paraguay de los ricos.