Continúan uno tras otros los asesinatos de líderes sociales, campesinos, desplazados bajo el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia: la herramienta paramilitar del estado y multinacionales continúa masacrando a diario para impedir las reivindicaciones sociales.
El señor Oscar Manuel Mausa fue asesinado el 24 de noviembre, en el área rural del municipio de San Juan de Nepomuceno, departamento de Bolívar; sitio donde se había desplazado para proteger su vida y la de su familia desde 2008.
Continua el Terrorismo de Estado para inyectar terror en los sobrevivientes:
Óscar Mausa fue amarrado a un árbol, apedreado y torturado de la manera más brutal, así fue asesinado. Hecho que presenta las mismas modalidades de los asesinatos de Albeiro Martínez y Hernando Pérez, es decir sin arma de fuego. Medellín, noviembre 25 de 2010
COMUNICADO
La Asociación de Víctimas para la Restitución de Bienes (ASOVIRESTIBI), La Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación –IPC denunciamos ante la comunidad nacional e internacional y la opinión pública el asesinato de otro líder reclamante de tierras en Colombia.
Se requiere más compromiso y garantías del gobierno y el Estado nacional para proteger la vida de las víctimas que reclaman tierras
Ayer 24 de noviembre fue asesinado el señor Óscar Manuel Mausa Contreras, líder de restitución de tierras y directivo de la cooperativa Cootragloban, quién reclamaba tierras desde 1997 en el municipio de Turbo, corregimiento Blanquicet, vereda La Esperanza; Urabá antioqueño.
El señor Mausa fue asesinado aproximadamente a las seis de la tarde, en el área rural del municipio de San Juan de Nepomuceno, departamento de Bolívar; sitio donde se había desplazado para proteger su vida y la de su familia desde 2008. El homicidio de Óscar Mausa fue causado después de haber sido amarrado a un árbol, apedreado y torturado de la manera más brutal. Hecho que presenta las mismas modalidades de los asesinatos de Albeiro Martínez y Hernando Pérez, es decir sin arma de fuego.
Reclamamos del gobierno nacional y el Estado colombiano una decisión más radical para proteger la vida de las víctimas que reclaman sus tierras. Es paradójico que mientras en el centro, Bogotá, se aprueba la nueva Ley para la restitución, en las regiones caen asesinados (as) las víctimas que buscan que se les devuelvan sus tierras. La principal obligación de Estado colombiano es garantizar la integridad y el respeto a la vida de las personas que fueron despojadas de sus tierras.
En reuniones celebradas el 23 de septiembre y el 3 de noviembre pasado, convocadas por el señor Vicepresidente de la República, el Ministro de Agricultura, funcionarios del más alto nivel del Ministerio del Interior y de Justicia, Fuerzas Militares, y la asistencia de organismos internacionales; se trabajaron estrategias de protección a las víctimas, en especial en Antioquia. A todas luces incompletas, pues los asesinatos y atentados continúan. Reiteramos e insistimos a las autoridades nacionales avanzar en una estrategia integral de protección y seguridad conforme a los puntos que les presentamos el 23 de septiembre pasado de los cuáles aún esperamos respuesta:
1. Resultados en las investigaciones por los homicidios (8 en Antioquia, 42 a nivel nacional).
2. Publicación con amplia difusión de los nombres de los testaferros y victimarios usurpadores de tierras.
3. Creación de una unidad especializada de fiscalía, rama judicial, policía y Vicepresidencia en la investigación y posterior sanción a los responsables de estos homicidios.
4. Creación y/o fortalecimiento de las asociaciones de víctimas para la reclamación de la restitución de tierras.
5. Fortalecimiento de la presencia de las entidades nacionales en las zonas o territorios de despojo.
6. Acompañamiento permanente y cotidiano de la comunidad internacional en las zonas de despojo.
7. Vocería internacional para las víctimas reclamantes de tierras.
8. Participación de las organizaciones de víctimas reclamantes de tierras en las instancias gubernamentales de diseño y ejecución de la política de restitución.
9. Apoyo económico y político del gobierno a las organizaciones de víctimas que reclaman tierras.
La Fundación Forjando Futuros, la Asociación de Víctimas para la Restitución de Bienes (ASOVIRESTIBI) y el Instituto Popular de Capacitación IPC , expresamos nuestra solidaridad a la señora Edith Caldera Benitez, y a sus hijos María Magdalena y Juan Carlos Mausa.
Además rechazamos este nuevo asesinato que se presenta un mes después del atentado al señor Fernando Enamorado, y llamamos a todas las víctimas a organizarse para exigir y conseguir la restitución de las tierras de las que fueron despojados y el reconocimiento a todos sus derechos
La Asociación de Víctimas para la Restitución de Bienes: asovirestibi@hotmail.com
Fundación Forjando Futuros : fforjandofuturos@gmail.com
Instituto Popular de Capacitación IPC : ipc@ipc.org.co
Denuncia y CONTEXTO por Comisión Colombiana de Juristas
Asesinado líder de la comunidad campesina de Blanquicet que luchaba por la restitución de las tierras de su comunidad
Viernes 26 de noviembre de 2010
La Comisión Colombiana de Juristas y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz repudian el asesinato de Óscar Maussa, líder de la comunidad campesina desplazada que luchaba por la restitución de tierras usurpadas por grupos paramilitares en Urabá
Ayer 24 de noviembre fue asesinado en la vereda Cañito del municipio de San Juan Nepomuceno (Bolívar) Óscar Maussa, líder de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet (Cootragroblan). Su cuerpo fue hallado en su finca, “La Poza del Guamo”, por un trabajador. Él estaba bocabajo con las manos atadas y habría muerto por golpes. Además, se encontró que las pertenencias en la casa de Óscar habían sido registradas.
Óscar y otros miembros de Cootragroblan adelantaban acciones de reclamación de tierras, representados por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y por la Comisión Colombiana de Juristas, a través de varios procedimientos judiciales, incluyendo los establecidos en la ley 975 de 2005. El caso de la Cooperativa se tramita actualmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Antecedentes
Entre 1996 y 1998 fueron desplazadas forzadamente por paramilitares, para apropiarse de sus tierras, numerosas familias del corregimiento de Blanquicet del municipio de Turbo (Antioquia). Entre ellas, fueron desplazadas las 12 familias socias de Cootragroblan.
El 23 de mayo de 2005, el Fiscal Seccional 72 de Chigorodó ordenó la restitución del bien inmueble “La Esperanza” a sus legítimos propietarios de Cootragroblan. Sin embargo, las amenazas por parte de los grupos paramilitares presentes en la zona impidieron que los socios de Cootragroblan retornaran a sus tierras.
El 1º de septiembre de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- dictó medidas cautelares a favor de las familias Maussa, Rodríguez, Bravo Pertuz y Tordecilla Cordero, miembros de Cootragroblan, quienes manifestaron temor ante posibles represalias por no ceder ante las presiones de los paramilitares que tomaron posesión de sus tierras y por haber activado el proceso judicial para lograr la restitución de la propiedad[1].
El 6 de octubre de 2007, en el municipio de Turbo (Antioquia), Óscar Maussa fue amenazado de muerte por el paramilitar conocido como “Julio Ospino”[2], miembro de las estructuras paramilitares que continúan operando en la región del Urabá, bajo las denominaciones de “Renacer” o “Convivir”, “Águilas Negras” y “Autodefensas Gaitanistas”, y por ello se vio obligado a desplazarse nuevamente fuera del Urabá antioqueño.
Como consecuencia del proceso penal que se abrió por la denuncia que presentó Óscar Maussa, el 5 de octubre de 2010, el Fiscal 36 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con sede en Medellín, ordenó la detención preventiva de Ramiro Enrique Álvarez Porras, alias “Napo” o “Móvil 8”, como coatuor de los delitos de concierto para delinquir con fines de paramilitarismo, desplazamiento forzado e invasión de tierras y edificios.
La Comisión Colombiana de Juristas y la Comisión Interereclesial de Justicia y Paz rechazan y denuncian este crimen e instan al Gobierno nacional a dar pleno cumplimiento a las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en consecuencia, brindar todas las garantías necesarias, especialmente para la protección de la vida e integridad personal de las familias que integran la Cooperativa. Estas mismas garantías deben ofrecerse a todas las personas que están reclamando la restitución de sus tierras. Igualmente, instan a la Fiscalía General de la Nación para que adelante inmediatamente las investigaciones necesarias y pertinentes para individualizar a los responsables del homicidio de Óscar Maussa. También hacen un llamado al Gobierno nacional para que adopte acciones efectivas para neutralizar a los grupos paramilitares que aún operan en el país.
Comisión Colombiana de Juristas
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Bogotá, D.C., 25 de noviembre de 2010
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