Pronunciamiento de la ASAMBLEA CIUDADANA | Hoy a las 14:55|
EL RETROCESO de la DEMOCRACIA en PANAMÁ.
PRONUNCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA EN EL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Conscientes del papel que tienen los ciudadanos y ciudadanas del país en la construcción y fortalecimiento de la democracia, señalamos a continuación de manera cronológica, los hechos que han ocurrido durante el año 2010, que afectan los derechos humanos. Lo primero que afecta la institucionalidad democrática y los controles y contrapesos que deben existir en un Estado de Derecho es el afán del Órgano Ejecutivo de querer controlar los otros poderes del Estado, así como una política de permanente confrontación con la sociedad civil organizada, demostrando poco respeto por la democracia participativa.
Presentamos el siguiente recuento de algunos de los hechos que han afectado y afectan los derechos humanos y la institucionalidad democrática del país:
La exclusión de la sociedad civil del Consejo Nacional de Transparencia creado por el Decreto Ejecutivo 179 del 27 de octubre del 2004.
La eliminación de facto de la carrera administrativa, creada por la Ley 9 del 20 de Junio de 1994, lo que facilita el nombramiento por clientelismo político y ha provocado despidos masivos en el sector público.
Las escuchas telefónicas sin autorización judicial, validadas por el Decreto Ley 51, del 18 de septiembre de 2009.
El aumento de las penas a los menores, la rebaja de la edad de imputabilidad del menor de edad a 12 años, mediante Ley 6 de 8 de marzo 2010 y la reforma que estableció la detención preventiva ilimitada del menor, que viola garantías establecidas en la Convención de los Derechos del Niño.
La creación del Consejo de Seguridad, mediante, Decreto ejecutivo 263 del 19 de marzo de 2010, con más poderes que los decretos de seguridad que fueron tan criticados en el anterior gobierno.
La escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, obviando los procedimientos y recomendaciones de la comisión evaluadora para la escogencia de magistrados creada por el propio presidente.
La criminalización de la protesta social con penas de 6 meses a 2 años, mediante, la Ley 14 de Julio del 2010.
La destitución de la Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, a través de un proceso politizado y muy cuestionado desde el punto de vista jurídico y que concluyó con una sanción desproporcionada e ilegal, al triplicar su periodo de inhabilitación de funciones como pena accesoria.
El nombramiento impropio de un Procurador suplente mediante la Resolución 10 del 8 de Enero del 2010, violentado los requisitos que establece la Constitución para ocupar este cargo.
El indulto ilegal otorgado a agentes encargados de hacer cumplir la ley, por la Resolución Ejecutiva 434 del 9 de octubre de 2009, y los recientes indultos a agentes condenados por maltrato de reclusos.
La aprobación de la “Ley Chorizo”, Ley 30 de 16 de junio del 2010, que pretendió desconocer derechos adquiridos de los trabajadores y otros derechos humanos, lo que provocó violencia y confrontación innecesarias en la sociedad panameña.
El Decreto Ejecutivo 537 de 2 de junio del 2010, que impone un sistema de elección a las autoridades tradicionales de nuestros pueblos originarios Ngöbe y Buglé con la convocatoria a elecciones violentando lo dispuesto por las autoridades tradicionales, lo que provocó el mayor abstencionismo en la historia de las elecciones en dicha comarca.
La negación del Estado panameño en ratificar el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la onU sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
La violación flagrante a los derechos humanos y a las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas sobre el uso racional de la fuerza, al utilizar perdigones de plomo para reprimir las protestas, que se dieron en la provincia de Bocas del Toro en julio pasado, que tuvo como consecuencia la muerte de trabajadores, la perdida de la visión de más de 50 personas y las lesiones corporales de muchos. (ver Human Rights Report Changuinola July 7-11 2010, Informe de la Defensoría del Pueblo e Informe de la Comisión nombrada por el Consejo de Gabinete).
Las detenciones de más de 300 personas que se dieron el 10 de julio del 2010 durante las manifestaciones y reuniones de organizaciones sindicales y gremiales, violando los artículos 21 y 22 de la Constitución, que estipulan que todas las personas al momento de su detención deben ser informadas de las razones de su detención y que podrán ser asistidos por un abogado.
El hostigamiento a los miembros de algunas organizaciones de la sociedad civil y gremios de periodistas, utilizando intimidaciones verbales a través de “amigos”, coacción a directivos de los medios e inspecciones fiscales (ver declaraciones públicas de Alvaro Alvarado, Guido Rodríguez y Guillermo Antonio Adames). Todo esto afectando el derecho a la libertad de asociación y de expresión.
La utilización de instancias gubernamentales como el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría, para intimidar a todo aquel que emita una opinión contraria a los designios del gobierno. (Ref. auditorias a Medcom, Panamá América, Omega Radio, y sindicatos diversos).
El otorgar asilo territorial a una investigada en Colombia, por un delito penal de escuchas telefónicas ilegales y otros delitos de lesa humanidad, aduciendo una “decisión soberana del Estado Panameño”, lo que evidencia una doble moral frente a la enérgica condena emitida contra la Procuradora por haber autorizado una escucha telefónica en un caso de extorsión por parte de un subalterno del Ministerio Público.
La propuesta de modificaciones al Código de Minas para permitir el usufructo de la riqueza minera nacional por parte de Estados extranjeros, sin contemplar el interés superior de la nación y sin la participación de las comunidades originarias, los grupos ambientalistas y la ciudadanía en general.
La promoción y aprobación de proyectos mineros metálicos que provocan la fragmentación del Corredor Biológico Mesoamericano, causando daños permanentes a sus ecosistemas. Esto a través de la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental que no reúnen los requisitos básicos necesarios para mitigar y compensar los impactos negativos adecuadamente, y reducir al mínimo los riesgos ambientales.
La desatención del gobierno a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en protección de indígenas panameños, violando la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La inadecuada gestión de las áreas protegidas del país, que propicia, entre otros, la afectación de humedales de importancia internacional, incumpliendo la Convención Ramsar, ratificada mediante Ley 6 de 3 de enero de 1989.
La violación a las regulaciones de la UNESCO en el Casco Antiguo, con la extensión de la cinta costera, en lo que respecta a la protección de las zonas consideradas como Patrimonio de la Humanidad.
Lo sucedido durante el XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, por sus implicancias adversas para el conjunto de la sociedad panameña, y con el particular impacto negativo que los resultados tendrán para la población afrodescendiente del país.
No se ha previsto los recursos financieros o humanos necesarios para la efectiva aplicación de la Ley de Igualdad de Oportunidades y la Ley 4 de 29 de enero 1999. El Decreto Ejecutivo #52 de junio de 2002 que la reglamenta, no establece mecanismos de control efectivos, ni sanciones, ni incorpora estructuras destinadas a la presentación e investigación de denuncias por casos de discriminación contra la mujer (ver Informe de la CEDAW del 5 de febrero del 2010).
A todo esto debemos agregar algunos compromisos de Estado incumplidos:
La postergación del sistema penal acusatorio
La postergación de la descentralización municipal y la Ley de participación ciudadana.
La falta de seguimiento a los acuerdos de la Concertación Nacional y de la Comisión de Estado por la Justicia.
El no respeto a los espacios de consulta como la Comisión Nacional de Reformas Electorales
La falta de seguimiento a los acuerdos de Changuinola con respecto a las personas afectadas.
La destrucción de los cursos de aguas y ríos para la construcción de hidroeléctricas sin planificación ni sustentación técnica alguna.
El incremento de la canasta básica.
El aumento de la inseguridad ciudadana.
La falta de medicamentos y de atención en la Caja del Seguro Social, particularmente a los afectados por el Dietilene glycol.
La eliminación del control previo como mecanismo básico para fiscalizar los gastos del Estado.
Todos estos son síntomas y signos del debilitamiento de la democracia que debe invitarnos a reflexionar sobre los que está sucediendo con nuestras instituciones y con los valores democráticos del país y frente a lo cual permaneceremos vigilantes.
Los derechos humanos son irrenunciables y para que exista plena vigencia de estos derechos es importante tener Órganos del Estado que funcionen separadamente y que exista una prensa libre y una sociedad civil que pida cuentas y cuestione los abusos de poder.
Dado en la ciudad de Panamá a los 9 días del mes de diciembre del 2010.
Comunicado a la Nación de la Asamblea Ciudadana
La Asamblea Ciudadana, conformada por asociaciones, gremios, sindicatos, grupos y activistas ciudadanos, en conmemoración del día Internacional de los Derechos Humanos a celebrarse el 10 de diciembre, quiere por este medio resaltar la importancia de la activa participación de los ciudadanos en la defensa, promoción y protección de los derechos inherentes a todo ser humano.
Con fundamento en lo expresado y en los principios de nuestra Asamblea Ciudadana, denunciamos los hechos que han ocurrido durante el año 2010, que afectan los derechos humanos y por ende la institucionalidad democrática del país. Rechazamos los atentados contra el Estado de Derecho, las acciones represivas, que han causado muertes y las graves lesiones permanentes a humildes panameños, así como las reiteradas intimidaciones y confrontaciones con los sectores representativos del país, especialmente, contra miembros activistas de derechos humanos.
La Asamblea Ciudadana reitera el compromiso ineludible con nuestra nación, de promover y defender los derechos humanos, las libertades y la participación ciudadana, con el fin de lograr la construcción de una democracia plena y el desarrollo humano sostenible.
Hacemos un llamado a las más altas autoridades nacionales, para que cese toda acción que pretenda impedir el libre ejercicio de la democracia participativa y en especial que se garantice el respeto a los activistas y defensores de los derechos humanos. A la vez convocamos al pueblo panameño y a cada una de sus organizaciones, para que nos mantengamos activos en la defensa y la denuncia frente a las violaciones a los derechos humanos.
Ciudad de Panamá, 9 de diciembre de 201
ORGANIZACIONES DE LA ASAMBLEA CIUDADANA
Asociación Ecologista Panameña
Asociación de Derecho Ambiental
Asociación Panameña de Derechos Constitucional
Asociación Conciencia Ciudadana
Alianza Ciudadana Pro Justicia.
Alianza Rastafari.
Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá
Centro de Asistencia Legal Popular.
Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP)
Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA)
Centro de Estudios, Promoción y Asistencia Social (CEPAS)
Centro de Estudios y Capacitación Familiar.
Centro de Trabajo sobre Seguridad Social
Consumo Ético.
Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena
Human Rights Everywhere
Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá
Federación Independiente de Trabajadores Públicos de Panamá. FITRAPP
Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.
Manos & Cerebros
Movimiento de Abogados Gremialistas.
Movimiento de Ecología Política. Hombres y Mujeres Verdes de Panamá
Movimiento de la Juventud Kuna.
Unidad de Lucha Integral del Pueblo.
Observatorio Panamá Afro.
Sindicato de Periodistas de Panamá.
Voces libres de Panamá
CIUDADANOS Y CIUDADANAS
Angela Figueroa
Aixa Estela Quirós
Carlo Lee
Celia Moreno
Betito Quirós Guardia
Serge Serrano
Idalia Martinez
Alma Montenegro
Jose Eulogio Torres
Margarita Arosemena
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