Honduras: Preocupante ataque de agentes del Estado a demandas ciudadanas

Bertha Oliva (COFADEH): "¿Cómo podemos dar informes avalando avances del régimen, si se están violando constantemente los derechos fundamentales?"

Dina Meza, Defensores en Linea |

Se están allanando las posibilidades para que el pueblo tenga la expresión necesaria en contra de medidas que se toman por las autoridades y que generan violaciones a los derechos de ciudadanos y ciudadanas, señaló este día Bertha Oliva, Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH y Premio Tulipán 2010 de los Derechos Humanos.

Oliva señaló diversas violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en el país y que constituyen una política estatal, a continuación transcribimos parte de la entrevista realizada a ella:

En las últimas horas hay ataques “legales” contra el pueblo de Santa Rita de Yoro que se tomaron la municipalidad desde hace varios días y fueron capturados y acusados por obstruir el cobro de servicios públicos cuando su acción está encaminada a que el alcalde Wilmer Noé Mejía eche atrás una decisión de aumentar hasta en un dos mil por ciento las tasas de agua, impuesto de bienes inmuebles y permisos de operación.

Sin embargo el martes 15 de febrero la policía entró a las cuatro de la mañana a diferentes casas capturando a varias personas que son las más visibles en este reclamo ciudadano, 23 fueron llevadas a la policía de El Progreso, Yoro, 14 de ellas acusadas por la Fiscalía.

Mientras en Zacate Grande, unos ocho policías de la Dirección Nacional de Investigación Criminal , DNIC, llegaron a la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande a pretender inspeccionar que allí se construye un hotel, y amenazaron con librarles orden de captura a varios jóvenes de ese medio de comunicación sobre el cual desde el 2009 hay una fuerte presión para cerrarlo definitivamente. 

Igual situación está pasando la radio comunitaria garífuna Coco Dulce-Faluma Bimetu- la cual ha sido quemada y amenazados sus líderes, entre ellos Alfredo López, contra quien hay una campaña para hacerlo ver como terrorista, en la misma están involucrados el alcalde de Triunfo de la Cruz y un patronato paralelo y que este mismo funcionario creó para continuar con la venta de las tierras ancestrales de los garífunas, protegidas por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

Para la Coordinadora General de COFADEH se ha utilizado solicitudes, peticiones o requerimientos a través del Ministerio Público, MP, en contra de acciones de demanda públic.Es el caso dijo de la de la comunidad de Santa Rita, Yoro, aparentemente era una acción bajo normas legales, el MP de El Progreso hace denuncia ante Poder Judicial, este otorga orden de desalojo a reclamantes de derechos, por el alza de los servicios públicos, sin capacidad del pueblo para pagar.

El pueblo tiene el derecho de protestar, de demandar ante abusos que está cometiendo la autoridad local que lacera su economía, porque tomar una decisión de esa naturaleza es como para que la gente no pague los servicios públicos y luego acudir a quitarle los bienes inmuebles y cortar dichos servicios. 

Esa era acción legítima del pueblo que ya no aguante estar siendo explotado y estar sometido a abusos de autoridad, es reprimida, entonces estamos viviendo ante un terrible autoritarismo.

La Fiscalía debió haber actuado investigando los abusos que está cometiendo el alcalde y por los cuales se generó la protesta pública, pero lo que hizo fue criminalizar la libertad de expresión de la gente.

Eso no quedo allí, la policía hizo allanamientos ilegales, a las cuatro de la mañana de este 15 de febrero, en la Constitución de la República que teníamos antes del golpe no se podía hacer eso, como ahora no tenemos constitución, nos deberíamos de estar rigiendo por los tratados y convenios internacionales, los cuales son generadores de principios fundamentales.

Qué respuesta recibió el pueblo de Santa Rita de Yoro, mandaron a la policía para generar el miedo y que los y las que decidieron salir a las calles a reclamar sus derechos no sigan allí.

Eso nos reafirma que son políticas de Estado para coartar la libertad de expresión, violar los derechos humanos y que la gente no se sienta segura para protestar en Honduras.Nos preocupa lo que está pasando, la gente no tiene la libertad de hacer sus cosas y tiene que consultarlas al ejército, a la policía o a Miguel Facussé, eso es gravísimo, por ejemplo lo que se quiere hacer en Zacate Grande es coartar el derecho a la solidaridad de los pueblos.

Estamos ante un régimen que quiere que digamos que todo está normal, mientras se hacen acciones letales contra los derechos humanos.Pero quien audita las acciones ilegales del ministerio público, las atrocidades que están cometiendo empresarios que su rostro fue visible en el golpe contra mujeres que han venido trabajando por muchos años y que les están violentando sus derechos laborales cambiando su antigüedad por pago por horas .

Es grave cuando a las personas se les violentan sus derechos económicos, sociales y culturales, y no encuentra quién le atienda, en este caso es tarea de la Secretaría de Trabajo, la cual no acciona contra los empresarios, en el caso de la denuncia recibida por el COFADEH en contra de la empresa Vestimoda, a los inspectores de Trabajo nos los han dejado entrar y eso se quedó así, deberían de haber suspendido este negocio mientras violenta los derechos de las trabajadoras.

Esta empresa ha llegado a los extremos de no solo violentar los derechos laborales sino que procedió a intimidar a estas mujeres que decidieron denunciar, ellas nos han denunciado que tienen seguimientos . Ante todo este panorama cómo podemos dar informes avalando avances del régimen si no los hay porque se está violando constantemente los derechos fundamentales. 

En marzo ya le toca un segundo examen a este régimen, pero el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe salir de donde está, porque sentarse a escuchar un régimen que sigue con su política violatoria de derechos humanos , no tiene sentido.

El Consejo debe consultar a las organizaciones, pero aquellas que no fueron a avalar las mentiras oficiales y oficiosas , para que sepan lo que está pasando, si solo se quedan escuchando ese ocultamiento de la verdad, no están contribuyendo en la promoción, la defensa y en el tutelaje de los derechos humanos en el país.