Intereses y silencios en las guerras en RDC

Revista Pueblos

Las guerras de la República Democrática del Congo (primera, en octubre de 1996; segunda, en agosto de 1998), fueron guerras de invasión, llevadas a cabo por ejércitos de países vecinos como tales o como guerrilla congoleña. Su objetivo real era la sustitución del presidente congoleño de turno por otro más moldeable a los intereses de EE UU, Gran Bretaña, Bélgica y otros países. Las razones públicas esgrimidas, como es obvio, fueron otras: defensa de las fronteras de los países vecinos frente a la amenaza de movimientos guerrilleros.

La actual situación de violencia contra la población del este del Congo, con continuas violaciones y enfrentamientos entre guerrillas, forma parte de la agenda propia de los países africanos invasores, especialmente Ruanda. Estos países han conseguido la total desestructuración y dependencia económica del este del Congo, algo que permite la continuación del expolio de minerales e impide que la población congoleña se organice y haga frente a la situación.

El genocidio contra los hutus refugiados en el Congo, reconocido en el último panel de la ONU, formó parte también de la agenda propia de Ruanda. EE UU, por su parte, dio apoyo logístico a las invasiones: no parece que estuvieran allí de turismo los 50 asesores norteamericanos que estaban en Bukavu (Congo) en el momento de la invasión y que fueron denunciados por monseñor Munziriwha (que luego fue asesinado). También, tal como afirma el panel de la ONU de 2001, el único realmente independiente, existió una financiación indirecta de la guerra a cargo de préstamos muy favorables concedidos por países donantes y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM).

No obstante, donde resulta más patente el papel jugado por las potencias occidentales es en la desinformación relacionada con estas guerras. A la segunda guerra del Congo se la ha comparado con la II Guerra Mundial por el alto número de países implicados. Sin embargo, en esta siempre fue notorio que uno de los bandos, el de Alemania, se había saltado las leyes internacionales e invadido otros países; mientras que en el conflicto congoleño se ha tenido especial cuidado en reflejar una especie de conflicto interno africano, donde ninguno de los bandos tenía más culpa que el otro. ¿Quizás porque el bando que violó el Derecho Internacional era el apoyado por occidente?

Ha existido también una presión hacia tribunales internacionales de justicia, paneles de la ONU y ONG, que ha conseguido mantener indemne la imagen de presidentes africanos aliados de Washington, como el ugandés Museveni o el ruandés Kagame, a pesar de las evidencias existentes de ser culpables del saqueo en el Congo, de ganar elecciones fraudulentamente, de realizar masacres de población civil o de financiar guerrillas acusadas de masacres de población civil.

Cuando la ocultación de la guerra no era ya posible por la magnitud de los hechos (cerca de cinco millones de personas muertas) se optó por denunciar los abusos pero, eso sí, en un contexto de guerra “recortada” que consistía exclusivamente en un conflicto entre señores de la guerra que se alineaban con multinacionales en una especie de guerra de competencia por el coltán y otros minerales. Así no se tocaba a nadie importante y los paneles de la ONU, numerosas ONG y la prensa pudieron cumplir su función de señalar criminales.

Pero parece, finalmente, que la guerra “recortada” tampoco es suficiente y se ha empezado a dejar sin protección a Paul Kagame, principal instrumento para el control del Congo por parte de EE UU. Organismos como la Audiencia Nacional española ya habían emitido ordenes de captura contra altos cargos del gobierno ruandés por delitos de genocidio, terrorismo y otros. Por otra parte, la credibilidad de paneles de la ONU, medios de comunicación y tribunales internacionales dependientes de la ONU era mínima entre la población congoleña, que veía cómo nunca se acusaba a sus países vecinos fronterizos.

En este contexto fue filtrado el último panel de la ONU, que dejaba caer acusaciones contra el gobierno de Ruanda por el exterminio planificado de hutus refugiados en el Congo ocurrido hace unos catorce años, durante la primera guerra del Congo. El informe se conoció cuando algunos lobbies de multinacionales habían conseguido que se nombrase a Paul Kagame embajador de los Objetivos del Milenio, en un intento por apuntalar su imagen, que empezaba a deteriorarse.

José Lucas forma parte del Comité de Solidaridad con el África Negra, Umoya.

Este artículo ha sido publicado en el nº 45 de la Revista Pueblos, enero de 2011.