Desde el lunes último comenzó ante la Corte de Justicia de Cochabamba, la vista oral y pública del caso de la célula terrorista, neutralizada en abril de 2009, que pretendía dividir el oriente y el occidente de Bolivia.
Según fuentes oficiales, se presentaron solo 12 de los 39 acusados de los planes divisionistas del grupo irregular liderado por el croata-boliviano, Eduardo Rozsa Flores, abatido el 16 de abril de 2009 en una acción policial que significó el desmoronamiento de la oposición boliviana. En el operativo, junto a Rózsa Flores, murieron además Michael Dwyer y Árpad Magyarosi, mientras fueron detenidos Mario Tadic y Eliot Tóásó.
En la capital valluna la policía ha velado por la seguridad de los detenidos que llegaron de La Paz, Santa Cruz y Beni para evitar situaciones incómodas, al tratase de un proceso de seguridad nacional.
Sin embargo, el Ministerio de Gobierno cuestionó la ocurrencia de hechos irregulares como la presencia de supuestos veedores brasileños, quienes entraron al país en calidad de turistas. La entidad también señaló las contradicciones en las declaraciones de algunos de lo acusados, los cuales desde iniciada la audiencia tratan de parecer víctimas diciendo que se violan sus derechos humanos.
Como parte el proceso, el juez Rolando Sarmiento ordenó la detención del general Gary Prado Salmón, el militar que en 1967 capturó al Che.
Prado Salmón es imputado de haber tenido contactos con el ciudadano boliviano-húngaro Eduardo Rózsa en el caso de terrorismo que investigan.
De acuerdo con el magistrado Sarmiento, dentro de unos días, cuando termine la audiencia conclusiva, continuarán los trabajos con vistas al juicio oral contra los acusados que pretendieron dividir Bolivia.
El Ministerio Público abrió el proceso del “caso terrorismo” después de que la madrugada del 16 de abril de 2009, un equipo de élite de la Policía Nacional atacara el cuarto piso del hotel Las Américas, en Santa Cruz, donde fueron abatidos, por disparos, el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores, el irlandés Micheal Dwyer y el húngaro-rumano Árpad Magyárosi.
En total, por el caso terrorismo, son 39 los acusados. No obstante, sólo 28 fueron citados para la audiencia conclusiva que se instaló el pasado lunes, en Cochabamba.
Según las investigaciones, el grupo subversivo, liderado por Eduardo Rózsa, conocido como Germán, pretendía dividir Santa Cruz de Bolivia. Para ello, había planeado cometer atentados contra autoridades del Gobierno nacional.
Los mercenarios perseguían además tomar la Octava División de Ejército, en el departamento de Santa Cruz, y desencadenar luego una revuelta con el magnicidio del presidente Evo Morales.
En el grupo irregular había personas con ciertas especialidades como el combate cuerpo a cuerpo, manejo de armas cortas, largas, explosivos e inteligencia.
También hallaron evidencias de que Rozsa mantenía contacto con la Agencia Centra de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
Meses después, a finales de 2009, el gobierno boliviano expulsó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) tras acusarla de financiar actividades contra la integridad de las autoridades, lo cual demostró la injerencia de la nación norteña en los asuntos internos de Bolivia.
Asimismo, declaró al embajador norteamericano Philip Goldberg persona no grata en el país, y lo culpó de incitar conflictos separatistas.
La neutralización de la banda de mercenarios sigue siendo hoy un tema abierto para el Ejecutivo boliviano, pues una buena parte de sus patrocinadores y financiadores huyeron a Estados Unidos, entre ellos el acaudalado empresario cruceño, Branko Marinkovic.
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