El Partido Popular de Aznar financió el terrorismo pro-balcánico que buscaba asesinar a Evo Morales

La Fiscalía de Bolivia ha obtenido datos económicos donde se refleja la financiación de la Fundación Iberoamérica-Europa del Partido Popular al grupo terrorista separatista liderado por Eduardo Rozsa, quién intentó asesinar a Evo Morales y generar una guerra civil étnica como en Yugoslavia. Existe una ley histórica en América Latina: golpes de estado militares para suprimir los procesos de transformaciones populares. Haciendo un repaso histórico, en 1954 en Guatemala la Central de Inteligencia Norteamericana (CIA) organizó conjuntamente con la oligarquía nacional una operación militar para derribar al gobierno progresista de Jacobo Arbenz y anular su reforma agraria que perjudicaba al monopolio de la United Fruit Company.

Hace justamente 50 años, en abril de 1961, la CIA con el entrenamiento de terroristas como Posada Carriles intentó ocupar la isla cubana en la Batalla de Playa Girón para suprimir el proyecto revolucionario de Fidel Castro. El imperio no tuvo la misma suerte como en Guatemala. Otro ataque de injerencia fue el golpe de estado contra el gobierno socialista de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973 encabezado por el militar Agusto Pinochet con respaldo del Secretario de los Estados Unidos, Henry Kissinger, en la Operación Cóndor.

Son ejemplos que en el siglo XXI se han repetido contra gobiernos progresistas, unos con éxitos y otros no, como el intento de golpe en Venezuela en abril de 2002, en Bolivia el golpe cívico militar de Pando en septiembre de 2008, en Honduras en junio de 2009 contra Manuel Zelaya, o en Ecuador el pasado mes de septiembre. Pero en estos nuevos golpes de estado se ha involucrado un actor más a la injerencia de la CIA y el espíritu antidemocrático de las oligarquías; las instituciones del Partido Popular Español del expresidente Jose María Aznar, en unos casos como gobierno central (1996-2004) y en otros cómo autonómicos.

En Bolivia, el nombramiento del nuevo presidente Evo Morales con la victoria electoral contundente en diciembre de 2005 trajo el naciente Proceso de Cambio con efectos como la nacionalización parcial de los hidrocarburos, la aprobación de una nueva Constitución intercultural, y otras medidas con cierto beneficio comunitario rural, indígena, campesino y urbano popular, los históricamente excluidos por la elite colonial.

Como intento de suprimir estas transformaciones, en septiembre de 2008 el prefecto del Departamento de Pando, Leopoldo Fernández, inició un golpe de estado cívico militar asesinando en la localidad del Porvenir a más de 30 campesinos indígenas partidarios de Evo Morales añadiendo el objetivo de crear una desestabilización a nivel nacional. Finalmente las máximas autoridades del ejército y gran parte de la población civil apoyaron al Presidente Evo y el golpe de estado fue paralizado.

Las posteriores investigaciones confirmaron la complicidad de los Estados Unidos en el intento de boicotea el Proceso de Cambio y su embajador, Philip Goldberg, fue expulsado de Bolivia. Esto no fue todo, el juego sucio de la oposición y actores internacionales continuaba. Eduardo Rozsa, un exsoldado de la Guerra de Yugoslavia y miembro de la secta católica ultraderechista del Opus Dei, conformó un grupo paramilitar en Bolivia para asesinar a Evo Morales y promulgar el separatismo contra las regiones indígenas andinas con el proyecto de la falacia nacionalista de la Media Luna – Departamento de Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz -, y conseguir consecuentemente una Guerra civil étnica como en la antigua Yugoslavia. Finalmente el grupo fue desarticulado después de la muerte de Rozsa en un tiroteo con autoridades policiales en el Hotel Las Américas de Santa Cruz el abril de 2009.

Se detuvieron a 39 implicados en la estrategia terrorista del grupo paramilitar y se abrió judicialmente el “Caso Rozsa”, incluso se han capturado a personas reconocidas como el General Gary Prado, el que apresuró y asesinó al Che Guevara en octubre de 1967. Otros acusados son prófugos de la justicia y huyeron a los Estados Unidos y España, como el exlíder del Comité Cívico Santa Cruz, Branko Marinkovic, y Pablo Costas, el hermano del actual Gobernador cruceño.

La Fundación Iberoamérica-Europa

En las actuales investigaciones sobre el “Caso Rozsa”, el fiscal Marcelo Sosa comprobó, gracias a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), las transacciones económicas sospechosas de organizaciones y personas que financiaron la célula terrorista de Rozsa entre marzo de 2008 y abril de 2009. Según los datos extraídos están implicadas en la financiación la Fundación Amérida – vinculada a la Fundación alemana Konrad Adenauer de la Unión Demócrata Cristina – la Fundación Pro Santa Cruz, el Comité Pro Santa Cruz, Fexpocruz y la Fundación Iberoamérica-Europa.

Actualmente la Fundación Iberoamérica-Europa la preside Pablo Izquierda, exdiputado del Partido Popular Español (PP) y antiguo responsable de Prensa del expresidente conservador y ultraliberal Jose María Aznar. Añadiendo que Ana Botella, la mujer de Aznar, fue la Vicepresidenta de la misma Fundación.

La supuesta organización “no” gubernamental (ONG) ya fue investigada por la intervención General del estado español por irregularidades en la gestión de ayudas en cooperación internacional, y fue sometida a una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OELF) en 2007 por supuesto fraude financiero.

La Fundación, desde 1999, ha recibido 4 millones de euros de financiación por la Comunidad Autónoma de Madrid, presidida por otra ultraconservadora y miembro del PP, Esperanza Aguirre, de quien se ha confirmado su respaldo político y económico a organizaciones terroristas anticastristas de la mafia de Miami, como a la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) fundada por Jorge Mas Canosa, y conformada por personajes como el mismo terrorista Posada Carriles que asesinó a 73 personas en un vuelo de Barbados a Cuba en 1976 y lo intentó varias veces contra Fidel Castro como en la Cumbre Iberoamericana de Panamá en el 2000, el reciente muerto Orlando Bosch o el manipulador Carlos Alberto Montaner.

La opinión pública internacional al centrarse en el imperio de los Estados Unidos se olvida de nuevos actores de trascendencia en la injerencia internacional, como la ultraderecha española.

Parece ser que la estrategia del soft power (Poder Blando) – que es controlar un estado a otro por medios que no son de ocupación militar directa sino por otros mecanismos ideológicos, de cooperación internacional, culturales o diplomáticos- que es tan utilizada por la Unión Europea y en este caso por el estado español en América latina dado que es el segundo mayor inversor de ocupación con las multinacionales españolas Repsol, Endesa, Aguas de Barcelona, Banco Santander, BBVA…, se enmascara mas que la estrategia del hard power (Poder Duro) – ocupar un país militarmente y restringirlo económicamente por sus intereses mercantiles y políticos – que usa mas comúnmente el imperialismo de los Estados Unidos, como en Irak, Afganistán, Cuba o Haití.

No solamente el PP financió y asesoró el golpe de la derecha contra Chávez en 2002 y fue el único estado de la Unión Europea que reconoció diplomáticamente el efímero e ilegal gobierno transitorio de Pedro Carmona, también financió el Plan Colombia de 1999 para armar al ejército del país latinoamericano contra las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) justificando que era lucha contra el narcotráfico, además consiguió romper las relaciones de Cuba con la Unión Europea liderando la llamada Posición Común en 1996 como ampliación indirecta del bloqueo económico y político de los Estados Unidos a Cuba durante mas de 50 años y su endurecimiento con la Ley Torricelli y Helms Burton.

A todo esto, el pueblo boliviano y Evo Morales no han quedado exentos de la agenda desestabilizadora y antidemocrática del Partido Popular siendo unas víctimas más de su injerencia oculta.