La vigilancia de musulmanes en Nueva Jersey llevada a cabo por la policía de Nueva York fue reconocida absolutamente legal, según el fiscal general del estado. Conforme a la investigación de tres meses de duración llevada a cabo bajo la presión de los defensores de derechos humanos, los uniformados de la Gran Manzana no violaron las leyes civiles o penales al viajar a otros estados del país y vigilar clandestinamente a los musulmanes en centros comunitarios, lugares de culto y restaurantes.
"Seguimos comprometidos en encontrar un equilibrio adecuado para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos a través de la vigilancia como parte de la lucha contra el terrorismo, pero al mismo tiempo sin socavar la confianza de la sociedad respecto a cómo llevamos a cabo esta misión”, destacó el fiscal Jeffrey Chiesa.
En este mismo sentido se manifestó el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que ha defendido en repetidas ocasiones el programa de espionaje secreto de musulmanes, a pesar de que su oficina inicialmente negó su existencia como tal.
“Todo lo que ha hecho el departamento de policía de Nueva York es legal, correcto y constitucional. Pueden entrar en sitios web o ver la televisión para detectar actividades ilegales o ir donde pueden haber actividades ilegales para conseguir pistas. No fijamos objetivos basándonos en su raza o religión”, aseguró el alcalde.
El comisionado del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, según sus siglas en inglés) Raymond Kelly, también defendió su papel en esta misión antiterrorista. "La policía de Nueva York está haciendo todo lo posible para garantizar que no haya otro 11-S y que no mueran neoyorquinos inocentes a manos de los terroristas ... Y no tenemos nada de qué disculparnos en ese sentido", afirmó.
En 2011, en el marco de una investigación de la agencia AP, se reveló que tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la Policía de la ‘Gran Manzana’ sometió a vigilancia a mezquitas, tiendas, bares, discotecas y otros lugares frecuentados por las comunidades musulmanes de EE. UU. Los defensores de derechos humanos consideran que sus acciones vulneran la Primera Enmienda de la Constitución que garantiza la libertad de culto, expresión o reunión.
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