Según la distribución geográfica, el mayor número se registró en Andalucía. La segunda comunidad más afectada fue Cataluña y la Comunidad Valenciana se ubicó en tercera posición. En cambio, Navarra, La Rioja y País Vasco presentaron números muy reducidos.
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El número total de edificios sobre los que se produjeron las ejecuciones, incluidas viviendas vacacionales, oficinas y propiedades agrarias incluidas, se elevó en 2014 a 119.422, lo que supone un 9,3% más que en 2013.
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Con todo, el INE subraya que la inscripción de una certificación por ejecución hipotecaria no debe necesariamente interpretarse como un desalojo y que un procedimiento judicial puede dar lugar a varias certificaciones por ejecución de hipoteca. Desafortunadamente, el organismo estadístico español no ofrece datos sobre cuántas inscripciones terminan en desahucios.
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