NESTOR ROSA MARBRELL – Puerto Rico está a un paso del abismo con una insuficiencia fiscal de dos mil 400 millones de dólares, que parecen conducirlo a la bancarrota.
La situación le hace casi improbable al gobierno puertorriqueño recurrir al mercado por un préstamo para cubrir sus gastos, a la vez que está imposibilitado de amortizar la deuda de 73 mil millones de dólares con los bonistas de Wall Street.
La crisis fiscal del país, que lleva ocho años de dificultades económicas, se ha recrudecido ante la imposibilidad del gobernador Alejandro García Padilla de alcanzar una reforma tributaria, que hubiera conllevado un Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16 por ciento al servicio y los bienes de consumo.
La derrota de la reforma tributaria la hicieron posible seis diputados del oficialista Partido Popular Democrático (PPD), que sumaron sus votos a los del Partido Nuevo Progresista (PNP), el cual apuesta al fracaso del gobierno con miras a las elecciones de noviembre de 2016.
De acuerdo con un informe del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), hasta marzo pasado había un déficit estructural de 651 millones, en momentos en que García Padilla intenta armar un presupuesto para el año fiscal 2015-2016, que debe entrar en vigor el próximo 1 de julio. Al déficit de dos mil 400 millones de dólares no están sumados 400 millones en cuentas atrasadas del BGF a entidades públicas y privadas, ni los 500 millones que el gobierno adeuda a los contribuyentes por haber pagado más de lo que les corresponde, según el informe operacional presentado ante la Junta Reglamentadora de Valores Municipales.
El presupuesto de ingresos y gastos del Fondo General del Gobierno próximo a expirar el 30 de junio asciende a 9 mil 565 millones, por lo que economistas plantean que para el nuevo año fiscal debe estar al menos 500 millones por debajo de esa cifra, lo que obligará a hacer ajustes.
El gobernador García Padilla, que hoy se ha reunido con los presidentes de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás, y el Senado, Eduardo Bhatia, intenta estructurar un presupuesto que evite el despido de empleados públicos, aunque no descarta la reducción de la jornada laboral.
El problema inmediato es que el gobierno puertorriqueño tiene atadas las manos debido al dominio colonial que ejerce Estados Unidos desde 1898, a pesar de que a partir de 1952 le confirió cierta autonomía como Estado Libre Asociado (ELA), que le permite la administración interna limitada.
Entre esas limitaciones está la imposibilidad de acogerse a la bancarrota, ya que una ley aprobada con este propósito fue anulada en febrero pasado por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, al considerarlo “un campo ocupado”, aunque la isla no está incluida en la normativa federal.
A pesar del control que tiene el PPD de la Asamblea Legislativa, junto al Ejecutivo, se evidencia cierta desarticulación en su liderazgo motivado por ambiciones políticas particulares, a juicio de más de un analista político.
Incluso, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, ha reconocido que hay que dejar atrás “los problemas políticos” que han producido el desencuentro entre los presidentes de los cuerpos legislativos y el mandatario.
A esto se añade que ningún sector de la economía o social está dispuesto a hacer concesiones con miras a estabilizar las finanzas del país.
“Nadie quiere más impuestos, nadie quiere recortes, no hay forma de tener más préstamos y no podemos declararnos en quiebra”, dijo el economista José Alameda al advertir que “las opciones se están cerrando”, lo que conducirá al cataclismo económico.
Hasta ahora, el gobernador García Padilla ha puesto resistencia a sectores dentro del PPD y de otras organizaciones políticas, como el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), que han propuesto una renegociación de la deuda pública por resultar impagable.
PL
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