Decenas de familias y líderes migrantes se manifestaron frente a la sede nacional de campaña del presidente estadunidense, el demócrata Barack Obama, en esta ciudad, donde entregaron miles de firmas para rechazar el programa Comunidades Seguras, el cual recibió el espaldarazo de la Casa Blanca, que lo calificó como una poderosa herramienta contra quienes cometen delitos. El Día Nacional de Acción para pedir la cancelación del programa tuvo lugar en la oficina de campaña de relección de Obama en Chicago e instalaciones del Partido Demócrata en Houston, Miami, Charlotte, Atlanta y Boston.
La campaña es impulsada por organizaciones como Presente.org, Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC, por sus siglas en inglés), Alianza Latina por los Derechos Humanos en Georgia y Coalición de Inmigrantes de Florida.
Comunidades Seguras, implementado en 2008, se enfoca en la identificación y deportación de inmigrantes con antecedentes penales en las cárceles, pero los activistas consideran que ha afectado a muchos que han cometido delitos menores y además genera desconfianza en la policía.
El cofundador de Presente.org Roberto Lovato dijo que las protestas son una respuesta inmediata a los planes de Obama de expandir el programa que, consideró, promueve el racismo contra los latinos.
El activista sostuvo que la crisis económica que enfrenta Estados Unidos ha influido en la falta de resultados sobre el tema de migración, que ha convertido a los indocumentados en chivos expiatorios tanto de los demócratas como de los republicanos.
Óscar Chacón, director de NALACC, manifestó que estadísticas recientes muestran que el crimen en Estados Unidos ha disminuido y que Comunidades Seguras tiene como agenda deportar a gente trabajadora y separar familias.
Al aplicar ese programa, la administración Obama está reforzando la idea equivocada de que los inmigrantes son una amenaza para la sociedad y deben ser expulsados, manifestó Patricia Montes, directora del Centro Presente, de Massachusetts.
El programa también es rechazado por los gobernadores de Illinois, Nueva York y Massachusetts, así como jefes policiales, porque desvía recursos que necesitan para combatir el crimen.
En Los Ángeles se realizó la víspera una audiencia en la que residentes y defensores de los inmigrantes denunciaron abusos del programa.
Marissa Graciossa, vocera del Movimiento para una Reforma Migratoria Justa (FIRM, por sus siglas en inglés), señaló que los inmigrantes temen ahora denunciar delitos por el temor de ser deportados.
Ya es muy tarde para cualquier esfuerzo de mejorar Comunidades Seguras. Ya hay un consenso de que se elimine completamente. Queremos a nuestras familias juntas, dijo a su vez el vocero de Casa de Maryland, Gustavo Andrade.
Por su parte, Cecilia Muñoz, directora de Asuntos Intergubernamentales, señaló que Comunidades Seguras es una herramienta poderosa para enfocar los recursos del gobierno, con el fin de aplicar la ley a quienes cometen delitos en Estados Unidos.
Señaló que el pasado 17 de junio el Departamento de Seguridad Interna anunció cambios a ese programa, que incluyen su revisión continua y la protección de testigos o víctimas de crímenes.
Nada puede compensar la falta de una reforma migratoria, pero los hechos muestran que ha sido una buena estrategia de la que debemos enorgullecernos, recalcó Muñoz en el blog de la Casa Blanca.
Indicó que más de la mitad de deportados son personas con antecedentes penales, y que, entre quienes carecen de ellos, más de dos tercios fueron detenidos cuando cruzaban la frontera, eran recién llegados o habían violado repetidas veces la ley de inmigración.
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