EE.UU. con más alta incidencia de crímenes

Recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de un informe publicado y defendido por su secretaria, Hillary Clinton, en una clara injerencia en asuntos internos, acusó a Venezuela de ocupar un rango negativo en la región, en cuanto a Derechos Humanos se refiere, ignorando los informes que en su contra circulan en todo el mundo, por violaciones dentro y fuera de su territorio. El documento del Departamento de Estado fue inmediatamente rechazado por el Gobierno Bolivariano, que calificó de “irrespetuosas” e “irresponsables” tales afirmaciones. En el texto emitido por la Cancillería venezolana se lee: “La divulgación de estos informes unilaterales constituye una práctica recurrente, ilegítima y desprovista de valor jurídico, que sólo refleja la vocación imperialista del Gobierno de Estados Unidos, y su incapacidad para establecer relaciones de respeto mutuo con otras naciones soberanas”.

Estados Unidos acusa al gobierno de Hugo Chávez de criminalizar el disenso, violar la libertad de expresión, impedir la acción de la justicia y concentrar el poder en la Ley Habilitante.

Otros en rango negativo son Cuba, Honduras y México, a diferencia de Colombia, destacado en el informe como el único país de América Latina que se ubica positivamente en tal sentido.

Clinton no sólo defendió el documento publicado por su despacho, sino que además en una clara amenaza dijo: “Estos reportes le dejan claro a los gobiernos de todo el mundo que los estamos vigilando, y que los haremos responsables de sus actividades”.

Pero Estados Unidos, nación autora de tal documento acusatorio, cuenta en su haber con una larga e importante lista de violaciones a los derechos fundamentales, según suscriben organizaciones de derechos humanos, como es el caso de Amnistía Internacional, Human Rigth Watch, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU), Love Our Children USA, entre otras.

Las violaciones van desde despidos masivos a empleados por intentar sindicalizarse, maltrato de los procesados y condenados en las cárceles; aplicación de la pena capital o pena de muerte (empleada fundamentalmente en contra de enfermos mentales y jóvenes especialmente afroamericanos y latinos); exclusión de más de 45 millones de personas de la seguridad social, entre otras. Destacan también, la práctica que se lleva a cabo después del 11 de septiembre (a través de la Ley Patriótica) que permite al Estado violar el derecho a disentir, y la privacidad de grupos o personas que critican públicamente las políticas de su gobierno; el sometimiento de los ciudadanos a la revisión a través de dispositivos electrónicos; la violencia y tortura contra “sospechosos” para lograr confesiones interesadas.

Otras violaciones reseñadas se vinculan con el derecho a la libertad de expresión y los intentos por controlar y censurar el Internet, por medio de la cuestionada internacionalmente ley SOPA.

VIOLENCIA Y RACISMO VIGENTES

El Gobierno de Pekín, reseña spanish.china.org.cn, elaboró un informe basado en cifras suministradas por ONG norteamericanas, en el cual señala que una de cada cinco personas es víctima de la violencia; registrándose en ese país la incidencia más alta a nivel mundial de crímenes, según el documento, que agrega “ni las vidas ni las propiedades de los ciudadanos de ese país son debidamente protegidos” por el Estado.

Sin embargo, el informe basado también en cifras publicadas en medios de comunicación indica, que “unos 90 millones de personas poseen 200 millones de armas”, ocupando también el primer lugar en el mundo en términos de armas de fuego en manos de privados. Son ampliamente conocidos, vía medios de comunicación, los constantes y lamentables sucesos de tiroteos y crímenes en colegios, liceos y universidades.

En cuanto a la discriminación racial en Estados Unidos, sigue siendo un problema vigente, padecido no sólo por la población afroamericana que sufre desigualdad en materia de salud y educación, sino que además recibe un tratamiento discriminatorio en cuanto a su relación con el sistema judicial y los procesos de selección e inserción laboral.

El documento señala que The New York Times informó el 23 de septiembre del año pasado que para el 30 de septiembre de 2009, los trabajadores musulmanes habían presentado un récord de 803 quejas sobre discriminación laboral, lo que representó un aumento del 20 por ciento con respecto al año anterior”.

A este hecho se suma la elevada tasa de desocupación entre los grupos minoritarios. Las estadísticas arrojan que la población blanca –con un estatus político superior a las comunidades negras, hispanas y asiáticas– tiene una tasa de de-socupación de hasta 16% menos que las comunidades de origen hispano y asiático.

MUJERES Y NIÑOS VÍCTIMAS PRINCIPALES

Pero la discriminación se extiende según las estadísticas a los niños y mujeres. Estas últimas objeto de acoso sexual y violencia doméstica, elevándose la cifra en más de 20 millones de mujeres afectadas por tal motivo.

A diferencia de Venezuela, las mujeres en esa nación no cuentan con una legislación que las proteja. Tampoco los niños y niñas, quienes no sólo no tienen garantizada la salud y la educación, sino que además, según cifras publicadas por la web oficial Love Our Children USA, más de tres millones son víctimas de violencia cada año, pero se presume que la cifra real es tres veces mayor.

“Más de 93 mil menores están encarcelados y entre 75 y 93 por ciento de los niños han pasado por al menos una experiencia traumática, entre ellas abusos sexuales o abandono”, indica la organización.

POBRE DERECHO INTERNACIONAL

A lista de violaciones dentro del territorio estadounidense se agregan los crímenes cometidos fuera de sus fronteras.

Estados Unidos, bajo el argumento de la defensa de los Derechos Humanos, interviene abiertamente Irak, Libia, Afganistán (donde según informes de la propia ONU han cometido “errores”, traducidos en masacres contra la población civil); apoya a los movimientos que hacen oposición y se enfrentan en armas contra el Gobierno sirio, en la mira de una intervención más directa por parte de instancias internacionales por recomendación del gobierno de Washington.

En reciente informe de Amnistía Internacional, acusa a Estados Unidos de violar los derechos humanos “en nombre de la lucha contra el terrorismo”, razón ética invocada por esa nación para bombardear y ocupar territorios.

Textualmente el informe de Amnistía de 2012 señala: Durante el gobierno del presidente George W. Bush, Estados Unidos facilitó y perpetró detenciones arbitrarias; de-sapariciones forzadas y otras detenciones en centros secretos; “entregas extraordinarias” (transferencia de presos entre países sin el debido proceso) a diversos lugares, incluidos algunos en donde los presos sufrieron tortura; violaciones del derecho a un juicio justo; y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

La organización advierte que no ha habido responsables de estos hechos anteriormente mencionados, y que el presidente Barack Obama incumplió sus ofertas electorales que lo llevaron al poder en 2009, “prometió cambios en las prácticas de detención e interrogatorio utilizadas por Estados Unidos, y aseguró que no se recurriría a la tortura ni a otros métodos de interrogatorios ilegales en ninguna circunstancia.

Por el contrario, el informe de Amnistía señala que continúan las detenciones en Guantánamo, que según Obama sería clausurado, donde aún continúan decenas de personas recluidas de manera ilegal, sin posibilidad de comunicación con sus familiares e impedidos de defensa y justicia alguna.

Fuente: YVKE