La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador quedó virtualmente dividida el lunes bajo dos administraciones, luego de que los magistrados elegidos por la Asamblea Legislativa en abril de este año para presidir el máximo tribunal asumieran sus cargos en contraposición a una supuesta orden de inconstitucionalidad que pesa sobre sus nombramientos. Rodeado de manifestantes que apoyan la elección de los magistrados, entre ellos los integrantes del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial, el juez Ovidio Bonilla arribó a la sede de la CSJ para asumir la Presidencia del poder judicial, junto con otros cuatro magistrados y sus respectivos suplentes.
La última elección de magistrados fue el 24 de abril, a seis días de que culminara la legislatura y sin la participación de los partidos de derecha Alianza Republicana Nacionalista y Cambio Democrático.
El pasado 5 de junio, la Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró “inconstitucional” las elecciones de los magistrados hechas en 2006 y 2012 tras declarar que la Asamblea Legislativa está “inhabilitada” por mandato constitucional “para realizar elecciones de magistrados de la CSJ en dos o más ocasiones dentro de una misma legislatura”.
En efecto, las nominaciones de 2006 y 2012 fueron hechas por la misma fórmula parlamentaria de 2003 y 2009; sin embargo, esta sentencia se trata de una “interpretación” del texto constitucional.
El artículo 186 de la Carta Magna salvadoreña solamente reza: “Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por la Asamblea Legislativa para un período de nueve años, podrán ser reelegidos y se renovarán por terceras partes cada tres años”.
La Asamblea Legislativa acudió a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) tras desconocer la resolución de la Sala de lo Constitucional. El organismo centroamericano ordenó el pasado 21 de junio que se suspendiera la ejecución de las sentencias mientras se emitía una resolución definitiva, pero la mayoría de los jueces designados en 2006 y 2012 continúan sus funciones.
La crisis se agravó hace una semana cuando la misma Sala de lo Constitucional eliminó también la elección por la Asamblea Legislativa del nuevo fiscal general Astor Escalante, en un proceso electivo donde los congresistas del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) votaron en su contra.
Las Naciones Unidas ha manifestado “su preocupación ante los actuales desacuerdos entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)” y ha advertido que “si se mantienen irresueltos, podrían acarrear graves consecuencias para el mantenimiento del Estado de Derecho”.
“Instamos a las instituciones responsables a cumplir con su mandato constitucional y buscar una solución en el marco de un incondicional respeto a la Constitución salvadoreña”, agregó el organismo multilateral en un comunicado difundido el sábado.
Ese mismo día, el presidente Mauricio Funes denunció que la crisis institucional tiene su fundamento en “la pérdida del poder y del control de los órganos del Estado por parte de la derecha parlamentaria, por parte de Arena”.
Recordó que luego de las presidenciales de 2009, Arena “perdió el control absoluto que tenía sobre las instituciones del Estado, porque pierde el control de Ejecutivo”.
A esta derrota le sucedió una ruptura interna que condujo a la “fuga” de diputados y en consecuencia al debilitamiento del partido en la Asamblea Legislativa.
“Hay que decirlo claramente, tanto Fusades (Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social), ANEP (Asociación Nacional de la Empresa Privada) y los Aliados por la Democracia (AD), quieren que Arena participe en la elección de magistrados, porque no pudo participar cuando esta elección se dio en 2012″, agregó.
Fuente: AVN
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