Regular la producción y el mercado de cultivos ilícitos en Colombia, mediante un programa que proteja económica y legalmente a los campesinos dedicados al cultivo de coca, amapola y marihuana, fue la propuesta lanzada este martes en La Habana por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el marco de los Diálogos de Paz que adelanta con el Gobierno. “Con base en el reconocimiento de las cualidades alimenticias, medicinales, terapéuticas y culturales… así como sus posibilidades artesanales e industriales”, las FARC prevé “regular la producción y el mercado de la hoja de coca, la amapola y la marihuana”, dijo a la prensa el vocero de los insurgentes, Pablo Catatumbo, a la entrada de los Diálogos de Paz con el Gobierno colombiano.
La propuesta incluye además la desmilitarización de los territorios y zonas objetos del programa para poder brindarle “garantías y condiciones de seguridad para la población campesina”. Por ello, según las FARC, se hace necesario la exclusión de dichos territorios como zonas de guerra.
A su vez implica “la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con agentes químicos como el glifosato” y “la revisión inmediata de la actual política criminal del Estado, centrada en la persecución, la estigmatización y la criminalización de los campesinos productores“, señaló Catatumbo.
La propuesta de las FARC prevé que el financiamiento salga de los “recursos provenientes de la reducción del gasto en seguridad y defensa, en proporción igual a los ahorros fiscales generados por la desmilitarización de los territorios y zonas objeto del programa”.
También de “aportes de la comunidad internacional, especialmente de los países consumidores del capitalismo central y de sus Estados; igualmente de empresas transnacionales y de organismos no gubernamentales”, agregó.
De igual manera, propone una “veeduría internacional” de seguimiento y control “conformada por representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de la Unasur, y de la comunidad académica”.
Por su parte, la delegación del Gobierno colombiano en La Habana, encabezada por Humberto de la Calle, no hizo ningún comentario sobre la propuesta de los insurgentes.
Fuente: TeleSUR
La propuesta incluye además la desmilitarización de los territorios y zonas objetos del programa para poder brindarle “garantías y condiciones de seguridad para la población campesina”. Por ello, según las FARC, se hace necesario la exclusión de dichos territorios como zonas de guerra.
A su vez implica “la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con agentes químicos como el glifosato” y “la revisión inmediata de la actual política criminal del Estado, centrada en la persecución, la estigmatización y la criminalización de los campesinos productores“, señaló Catatumbo.
La propuesta de las FARC prevé que el financiamiento salga de los “recursos provenientes de la reducción del gasto en seguridad y defensa, en proporción igual a los ahorros fiscales generados por la desmilitarización de los territorios y zonas objeto del programa”.
También de “aportes de la comunidad internacional, especialmente de los países consumidores del capitalismo central y de sus Estados; igualmente de empresas transnacionales y de organismos no gubernamentales”, agregó.
De igual manera, propone una “veeduría internacional” de seguimiento y control “conformada por representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de la Unasur, y de la comunidad académica”.
Por su parte, la delegación del Gobierno colombiano en La Habana, encabezada por Humberto de la Calle, no hizo ningún comentario sobre la propuesta de los insurgentes.
Fuente: TeleSUR
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