Durante un contacto televisivo en Venezolana de Televisión el vicepresidente de la república explicó parte de la estructura organizativa de la ley que combatirá la guerra económica
El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, junto al ministro del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Banca Pública, Marcos Torres, informaron al país sobre el despliegue de la ofensiva económica desde el cumplimiento de la Ley Orgánica de Precios Justos y el Plan de la Patria.
Durante un contacto televisivo en Venezolana de Televisión, el vicepresidente de la República explicó parte de la estructura organizativa de la ley que combatirá la guerra económica.
Arreaza precisó que a través de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socieoeconómicos (Sundde) se realizará la supervisión detallada de las estructura de costos para garantizar una ganancia moderada y precios justos y así “luchar y vencer la guerra económica”.
Apuntó que dicha legislación era vital debido a que “la especulación se había apoderado por completo del país. No había fijación de precios, distribución e importación (…) era necesario equilibrar la economía”.
SERIAS CONDENAS
La Ley Orgánica de Precios Justos establece en sus articulados condenas a quienes incurran en la especulación y usura, recordó Arreaza.
El vicepresidente ejecutivo indicó que entre las atribuciones de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socieoeconómicos (Sundde) está ejercer la rectoría, la supervisión, la fiscalización en materia de estudios, análisis y regulación de costos, además de la determinación de márgenes de ganancia y precios.
Asimismo se fijarán los precios máximos de la cadena de producción, importación,distribución y consumo, de acuerdo a su importancia económica y su carácter estratégico, en beneficio de la población. También ejecutará los procedimientos de control, verificación, inspección y fiscalización para determinar el cumplimiento de la ley.
Arreaza señaló que este instrumento legal es parte de la transformación del modelo “rentista petrolero”, para convertir la economía en un modelo productivo socialista, “no rentista ni capitalista”, plasmado en el Plan de la Patria.
Por su parte, Marcos Torres invitó a los empresarios a sincerar costos a la “autoregularización de precios”.
LEY ORGÁNICA DE PRECIOS JUSTOS
La Ley Orgánica de Precios Justos establece una máxima de 30% para cada actor de la cadena de comercialización. “En ningún caso, el margen de ganancia de cada actor de la cadena de comercialización excederá de treinta (30) puntos porcentuales de la estructura de costos del bien o servicio”, expresa la norma.
La legislación indica que la Sundde contará con un Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (Rupdae), de carácter público y accesible a todos los particulares.
MEDIDAS PREVENTIVAS
La Ley Orgánica de Precios Justos determina que si durante la inspección o fiscalización se detectan indicios de incumplimiento de la norma que permitan causar lesiones graves a la colectividad, se contemplan varias medidas preventivas como el comiso.
También está prevista la ocupación temporal de los establecimientos o bienes indispensables parta el desarrollo de la actividad económica, el cierre temporal del local, suspensión temporal de licencias, permisos o autorizaciones emitidas por el Sundde.
“Ajuste inmediato de los precios de bienes destinados a comercializar o servicios a prestar, conforme a los fijados por la Sundde”, señala.
SANCIONES
El instrumento jurídico fija como sanciones a quienes infrinjan la ley una multa calculada en Unidades Tributarias, la suspensión temporal en el Rupdae, ocupación temporal con intervención de almacenes, depósitos, industrias, comercios, transporte de bienes, por un lapso de hasta 180 días.
Además establece el cierre temporal de almacenes, depósitos o establecimientos por un plazo de hasta 180 días. Así mismo, contempla la clausura de establecimiento, depósito, almacenes dedicados al comercio, conservación de bienes.
También aplicará la confiscación de bienes y la revocatoria de licencias, permisos o autorizaciones.
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