La reforma tiene como objetivo fundamental la reprivatización del espectro radioeléctrico y debilitar al Estado frente a los poderes mediáticos, aseguró Castillo
La reforma parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones fue concebida por la mayoría parlamentaria opositora “como un traje a la medida de los sectores del latifundio mediático que financian a la derecha venezolana y abre la puerta a la privatización del sector, del control privado sobre el espectro radioeléctrico”.
El planteamiento pertenece al director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), William Castillo, quien aseguró que la oposición busca desmontar los avances y logros de la Revolución Bolivariana, como lo son el reforzamiento de las telecomunicaciones como un servicio público, establecido en la legislación venezolana y la democratización del espectro radioeléctrico, cuyo control y administración debe ser ejercida por el Estado.
Dicha reforma, reiteró, abre la puerta para el regreso del latifundio mediático y debilita al Estado frente a los poderes mediáticos, “hay un diseño detrás de esta iniciativa. Es una locura porque se trata de una ley inconstitucional, es una ley incoherente porque en su misma redacción se contradice, ya que no hicieron un estudio a fondo de la ley. Está redactada de manera apresurada y para pagar favores políticos”.
La reforma parcial de la Ley de Telecomunicaciones, en definitiva, señaló, tiene como objetivo fundamental impulsar un proyecto de reprivatización del espectro radioelectromagnético, a fin de devolver a los sectores privados el control que fueron perdiendo ante el desarrollo legislativo durante la Revolución Bolivariana.
En ese sentido, recordó que esos sectores privados que controlaron durante 60 años el espectro radioeléctrico en el país han sido y son “muy voraces del espectro”, ya que ejercieron ese control con absoluta libertad sin ningún tipo de controles, por el contrario, crearon un sistema de ilegalidad, invadieron y abusaron del espectro”.
“CONSTRUCCIÓN SEUDOJURÍDICA”
También coincidió con el planteamiento de la diputada del Bloque Parlamentario de la Patria, Tania Díaz, quien ha señalado que la reforma de la ley establece la censura previa, ya que entre otros elementos “le pone unas amarras al Presidente de la República, en cuanto al tiempo y los temas que puede abordar en una cadena de radio y televisión. Hay toda una construcción seudojurídica muy pirata”.
Señaló además que en su articulado “prácticamente desmontan” a Conatel como un órgano del Ejecutivo Nacional, ya que “la reforma adscribe a Conatel por la vía del Consejo Directivo a la Asamblea Nacional. Aunque reconoce que los directivos de ese Consejo son nombrados por el Presidente de la República, deben ser ratificados por la Asamblea”.
En atención de esa modificación, comentó que el presidente del Parlamento Nacional, diputado Henry Ramos Allup, “sería el nuevo jefe de Conatel, por la vía de los sicarios mediáticos que estén en el Consejo Directivo”. Por esta razón, Castillo enfatizó que al analizar detalladamente este instrumento jurídico, “se va descubriendo toda esa trama, mal redactada, con mucha ignorancia sobre los conceptos del espectro radioeléctrico y la modernización de las telecomunicaciones”.
Agregó que la ley que no resuelve ningún problema de fondo, incluso “se paga y se da el vuelto”, porque entrega al sector privado el derecho de asignarse la duración de las concesiones, “establecen una suerte de renovación automática”.
LEY INAPLICABLE E INEJECUTABLE
Por otra parte, Castillo recordó que ante la condición de desacato de la Asamblea Nacional al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la aprobación de esta reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones es ilegal, “es una ley inaplicable e inejecutable”.
En esa dirección, recordó que esta reforma fue aprobada en primera discusión en una sesión de la Plenaria de la AN, la cual fue invalidada por el TSJ, y su aprobación por parte de la bancada opositora en segunda discusión el pasado jueves 29 de septiembre no contó con el quórum requerido para una ley orgánica. “No les permitieron a nuestros parlamentarios hablar y exponer sus razones. Les cercenaron su libertad de expresión”, acotó.
En su opinión, los parlamentarios opositores, en lugar de convertir las leyes en instrumentos de desarrollo y progreso, son parlamentarios que andan buscando un conflicto con el Estado, ya que impulsan leyes inconstitucionales “a sabiendas de que van a generar un conflicto con el Ejecutivo Nacional”.
Añadió que esa actitud busca seguir abonando el expediente de una supuesta persecución a la Asamblea Nacional, “yo creo que allí está la jugada política que está articulada con ese objetivo”.
RADIOS CLANDESTINAS
En torno a las inspecciones del espectro radioeléctrico, aseveró que es en el sector privado donde se encuentran “las mayores ilegalidades, ellos han mentido descaradamente al país, porque han dicho que las radios clandestinas las creó el Gobierno”.
La creación de radios clandestinas, enfatizó, empezó en Venezuela en el año 1975, “cuando Acción Democrática y Copei no se ponían de acuerdo sobre a quién darle las concesiones. Esos 25 años, entre el 75 y el año 2000, generaron un fenómeno que se trasladó a estos 17 años, de ilegalidad e invasión del espectro”.
Precisó que más del 67% de las radios en Venezuela tiene problemas tributarios, “no pagan los impuestos o declaran y no pagan, declaran incompleto o a destiempo. La gran mayoría de las radios están violando los parámetros para los cuales fueron autorizadas, han hecho mudanzas y cambios de propiedad ilegales”.
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LEY APROBADA POR EL COMANDANTE HUGO CHÁVEZ
El director General de Conatel, William Castillo, afirmó que esta instancia continúa su trabajo, puesto que en el país continúa vigente la Ley Orgánica de Telecomunicaciones aprobada por el comandante Hugo Chávez en el año 2000 y reformada en el año 2010 también por el líder de la Revolución Bolivariana.
En ese sentido, apuntó que continúan con las inspecciones y renovación de concesiones planificadas, así como con el proceso de actualización de los medios comunitarios, que también “son atacados en esta ley”.
Hasta los momentos, precisó, se han registrado 188 medios de comunicación comunitarios, registro que fue ordenado por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (Minci), a fin de actualizar sus directivas y su documentación, “se trata de evitar que los medios comunitarios también se constituyan en cofradías de pequeños grupos y estén en verdad al servicio de las comunidades”.
Para dicha labor de servicio, mencionó que Conatel impulsa un programa de formación a los medios de comunicación comunitarios para darles una capacitación a fin de mejorar su programación.
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T/Leida Medina
F/Héctor Rattia
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La administración del espectro radioeléctrico debe ser ejercida por el Estado
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La reforma parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones fue concebida por la mayoría parlamentaria opositora “como un traje a la medida de los sectores del latifundio mediático que financian a la derecha venezolana y abre la puerta a la privatización del sector, del control privado sobre el espectro radioeléctrico”.
El planteamiento pertenece al director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), William Castillo, quien aseguró que la oposición busca desmontar los avances y logros de la Revolución Bolivariana, como lo son el reforzamiento de las telecomunicaciones como un servicio público, establecido en la legislación venezolana y la democratización del espectro radioeléctrico, cuyo control y administración debe ser ejercida por el Estado.
Dicha reforma, reiteró, abre la puerta para el regreso del latifundio mediático y debilita al Estado frente a los poderes mediáticos, “hay un diseño detrás de esta iniciativa. Es una locura porque se trata de una ley inconstitucional, es una ley incoherente porque en su misma redacción se contradice, ya que no hicieron un estudio a fondo de la ley. Está redactada de manera apresurada y para pagar favores políticos”.
La reforma parcial de la Ley de Telecomunicaciones, en definitiva, señaló, tiene como objetivo fundamental impulsar un proyecto de reprivatización del espectro radioelectromagnético, a fin de devolver a los sectores privados el control que fueron perdiendo ante el desarrollo legislativo durante la Revolución Bolivariana.
En ese sentido, recordó que esos sectores privados que controlaron durante 60 años el espectro radioeléctrico en el país han sido y son “muy voraces del espectro”, ya que ejercieron ese control con absoluta libertad sin ningún tipo de controles, por el contrario, crearon un sistema de ilegalidad, invadieron y abusaron del espectro”.
“CONSTRUCCIÓN SEUDOJURÍDICA”
También coincidió con el planteamiento de la diputada del Bloque Parlamentario de la Patria, Tania Díaz, quien ha señalado que la reforma de la ley establece la censura previa, ya que entre otros elementos “le pone unas amarras al Presidente de la República, en cuanto al tiempo y los temas que puede abordar en una cadena de radio y televisión. Hay toda una construcción seudojurídica muy pirata”.
Señaló además que en su articulado “prácticamente desmontan” a Conatel como un órgano del Ejecutivo Nacional, ya que “la reforma adscribe a Conatel por la vía del Consejo Directivo a la Asamblea Nacional. Aunque reconoce que los directivos de ese Consejo son nombrados por el Presidente de la República, deben ser ratificados por la Asamblea”.
En atención de esa modificación, comentó que el presidente del Parlamento Nacional, diputado Henry Ramos Allup, “sería el nuevo jefe de Conatel, por la vía de los sicarios mediáticos que estén en el Consejo Directivo”. Por esta razón, Castillo enfatizó que al analizar detalladamente este instrumento jurídico, “se va descubriendo toda esa trama, mal redactada, con mucha ignorancia sobre los conceptos del espectro radioeléctrico y la modernización de las telecomunicaciones”.
Agregó que la ley que no resuelve ningún problema de fondo, incluso “se paga y se da el vuelto”, porque entrega al sector privado el derecho de asignarse la duración de las concesiones, “establecen una suerte de renovación automática”.
LEY INAPLICABLE E INEJECUTABLE
Por otra parte, Castillo recordó que ante la condición de desacato de la Asamblea Nacional al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la aprobación de esta reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones es ilegal, “es una ley inaplicable e inejecutable”.
En esa dirección, recordó que esta reforma fue aprobada en primera discusión en una sesión de la Plenaria de la AN, la cual fue invalidada por el TSJ, y su aprobación por parte de la bancada opositora en segunda discusión el pasado jueves 29 de septiembre no contó con el quórum requerido para una ley orgánica. “No les permitieron a nuestros parlamentarios hablar y exponer sus razones. Les cercenaron su libertad de expresión”, acotó.
En su opinión, los parlamentarios opositores, en lugar de convertir las leyes en instrumentos de desarrollo y progreso, son parlamentarios que andan buscando un conflicto con el Estado, ya que impulsan leyes inconstitucionales “a sabiendas de que van a generar un conflicto con el Ejecutivo Nacional”.
Añadió que esa actitud busca seguir abonando el expediente de una supuesta persecución a la Asamblea Nacional, “yo creo que allí está la jugada política que está articulada con ese objetivo”.
RADIOS CLANDESTINAS
En torno a las inspecciones del espectro radioeléctrico, aseveró que es en el sector privado donde se encuentran “las mayores ilegalidades, ellos han mentido descaradamente al país, porque han dicho que las radios clandestinas las creó el Gobierno”.
La creación de radios clandestinas, enfatizó, empezó en Venezuela en el año 1975, “cuando Acción Democrática y Copei no se ponían de acuerdo sobre a quién darle las concesiones. Esos 25 años, entre el 75 y el año 2000, generaron un fenómeno que se trasladó a estos 17 años, de ilegalidad e invasión del espectro”.
Precisó que más del 67% de las radios en Venezuela tiene problemas tributarios, “no pagan los impuestos o declaran y no pagan, declaran incompleto o a destiempo. La gran mayoría de las radios están violando los parámetros para los cuales fueron autorizadas, han hecho mudanzas y cambios de propiedad ilegales”.
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LEY APROBADA POR EL COMANDANTE HUGO CHÁVEZ
El director General de Conatel, William Castillo, afirmó que esta instancia continúa su trabajo, puesto que en el país continúa vigente la Ley Orgánica de Telecomunicaciones aprobada por el comandante Hugo Chávez en el año 2000 y reformada en el año 2010 también por el líder de la Revolución Bolivariana.
En ese sentido, apuntó que continúan con las inspecciones y renovación de concesiones planificadas, así como con el proceso de actualización de los medios comunitarios, que también “son atacados en esta ley”.
Hasta los momentos, precisó, se han registrado 188 medios de comunicación comunitarios, registro que fue ordenado por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (Minci), a fin de actualizar sus directivas y su documentación, “se trata de evitar que los medios comunitarios también se constituyan en cofradías de pequeños grupos y estén en verdad al servicio de las comunidades”.
Para dicha labor de servicio, mencionó que Conatel impulsa un programa de formación a los medios de comunicación comunitarios para darles una capacitación a fin de mejorar su programación.
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T/Leida Medina
F/Héctor Rattia
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