7 de enero de 2016

Derechos Humanos en Venezuela vs Estados Unidos ¿quién realmente los respeta?

En estos días donde tanto se ha hablado de los Derechos Humanos (DDHH), y donde tantas infamias se han levantado sobre la actuación de Venezuela en esta materia, se hace necesario contrastar la situación de la Patria de Bolívar contra quien se proclama defensor de los derechos humanos en el mundo, e incluso ha sancionado a funcionarios venezolanos argumentando una supuesta violación de los mismos: Estados Unidos.

Y es que el propio Estados Unidos, permite en sus leyes aplicar la pena de muerte. No conforme con esto, el total de procesados que obtienen esta pena, son en un 55,7% afroamericanos y latinos. En estas cifras es importante señalar que por cada mil habitantes norteamericanos, existen 4 mil 462 privados de libertad, de los cuales 63,67% de la población de reos es afroamericana, el 25,95% es latino y solo el 10,37% es de raza blanca.

Lo que quiere decir que el 3,1% de la población afroamericana de EEUU está presa, frente al 1,3% de los latinos y un minúsculo 0,5% de población blanca.

Además de encabezar las estadísticas en pena de muerte y liderar la tasa de su raza presa, los negros también son los más condenados a cadena perpetua, con un 5% de procesados, contrario al 0,9% de blancos presos que cumplen esta pena permanente.

Venezuela, acusada por Estados Unidos de violentar los Derechos Humanos, permite en sus leyes una pena máxima de 30 años para el delito de asesinato, además, la raza, condición social, credo o ideología política, no tienen influencia alguna en la imposición de la condena.

En el caso de las penas de los menores de edad que incurran en delitos, tenemos en el país norteamericano a 3 mil menores de 18 años condenados a cadena perpetua, mientras que en Venezuela la condena impuesta a los adolescentes entre 12 y 17 años es de máximo 10 años de cárcel.
 
 
Comparemos 2 casos en los que se involucra la muerte de menores de edad y las diferentes respuestas que da la justicia en cada ocasión. En primer lugar recordemos el caso del año 2013, cuando el 14 de abril, el ciudadano Henrique Capriles Radonski inició una campaña de violencia que trajo como consecuencia la muerte de 11 personas, entre los que se cuentan 2 menores de edad. En los mencionados hechos de violencia, resultaron heridas alrededor de 100 personas y se atentó contra varias sedes de organizaciones políticas y centros de salud. El responsable de todas estas atrocidades no ha respondido legalmente por ninguna de estas muertes ni por los daños a las propiedades ¿Quién paga por esto, qué se le dice a las familias de esos niños, ellos no tenían derechos humanos?

En el otro lado de la acera, se puede apreciar el caso del estadounidense afroamericano Raphael Holiday, quien fue ejecutado con inyección letal, tras ser acusado de iniciar un incendio en el que murieron tres niños.

Ahora contrastemos dos casos en los que se promovió la violencia y se incitó al enfrentamiento entre personas. La afro-latina estadounidense, Jacqueline Montañez fue condenada a cadena perpetua a los 15 años de edad, por ser acusada de iniciar una pelea entre dos bandas de su barrio donde murieron dos miembros de sus rivales.

Mientras tanto el venezolano Leopoldo López, el 12 de febrero de 2012, propició hechos de violencia que iniciaron en la Fiscalía General de la República y se extendieron por más de 2 meses. El saldo fue de 43 muertos y 878 lesionados. Por estos crímenes a López se le condenó a sólo 13 años de privativa de libertad, con comodidades que no tienen otros reos en Venezuela.

¿Cuál es el verdadero límite cuando se habla de justicia y derechos humanos? Hasta qué punto los DDHH inciden en la aplicación de la justicia y viceversa? Son temas que generan extendidos y acalorados debates de quién es el bueno y quién es el malo, sin embargo, se evidencia que Venezuela pondera el respeto a los derechos humanos, por encima de la aplicación de penas justas para la magnitud de los delitos que cometen los procesados, como el claro ejemplo de Leopoldo López, donde la pena de 13 años, no hace justicia a la cantidad de personas fallecidas por su llamado irresponsable.

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